Las leyes de desconexión se podrán aprobar por la vía de urgencia
El Parlamento de Cataluña desoye las advertencias del Consejo de Garantías Estatutarias.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante el pleno del Parlament. ANDREU DALMAU
ramón gorriarán | madrid
El Parlamento de Cataluña aprobó ayer con los únicos votos de la mayoría independentista la reforma de su reglamento para que las leyes de la desconexión con España puedan aprobarse por el procedimiento de urgencia. El cambio persigue que el Gobierno central no pueda impugnar las normas durante su tramitación parlamentaria y tengan que hacerlo contra leyes que cuentan ya con la legitimidad de la Cámara legislativa catalana.
Ni las protestas de la oposición ni el aviso de los letrados del propio Parlamento autonómico ni el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias pudieron impedir que Junts pel Sí, alianza de Esquerra y Pdecat, y la CUP hicieran valer el peso de su mayoría para sacar adelante la reforma reglamentaria. Con este cambio, leyes como la del referéndum o la de transitoriedad jurídica podrán aprobarse en un solo día mediante lectura única en el pleno del Parlamento y con restricciones para la presentación de enmiendas. Hasta ahora el trámite de urgencia sólo se podía emplear con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, con el cambio basta con que lo plantee uno.
Los letrados de la Cámara catalana advirtieron el pasado 21 de junio que reformas de este calado deben hacerse «con el más amplio consenso posible», y que debe aplicarse en normas que por su «simplicidad» permitan el acortamiento de los trámites. Unos días después, el 7 de julio, fue el Consejo de Garantías Estatutarias el que advirtió de que la reforma del reglamento vulneraba la Constitución, el Estatuto de Autonomía, y limitaba el debate y los derechos de las minorías parlamentarias. Tanto los letrados como el órgano consultivo advertían de que leyes de tanta trascendencia como las que dan el marco legal a una hipotética independencia de Cataluña no podían tramitarse en 24 horas.
Unos reparos que Junts pel Sí y la CUP, y el diputado no adscrito Germà Gordó, pasaron por alto al imponer su mayoría de 73 escaños. La oposición, con 63 diputados, calificó de «cacicada» la decisión de las fuerzas independentistas porque «pisotea» sus derechos parlamentarios. El PP incluso habló de «supremacismo hispanofóbico».
La reforma aprobada, siempre que no sea anulada por el Constitucional y su decisión acatada, se aplicará por primera vez en septiembre con la ley del referéndum presentada el pasado 4 de julio. Después será el turno de la ley de transitoriedad jurídica, que previsiblemente se registrará en la Cámara mañana o el lunes de la próxima semana, y si no hay cambio de planes también se tramitará por la vía exprés en septiembre. Sólo una orden del Tribunal Constitucional podría paralizar el cambio reglamentario, aunque las últimas declaraciones del presidente de la Generalitat en las que avisó que no piensa acatar las órdenes de la corte han generado un clima de desobediencia e insumisión en las filas independentistas que podría contagiarse al Parlamento.
El Gobierno de Mariano Rajoy, como primera medida, pidió ayer mismo un dictamen al Consejo de Estado sobre el cambio reglamentario. Los informes de este órgano consultivo son el primer paso para recurrir ante el Constitucional, una decisión que debe ser acordada en el Consejo de Ministros y que ejerce el presidente del Gobierno. Si el dictamen del Consejo de Estado está listo en las próximas 48 horas, y es contrario a la reforma del Parlamento catalán, el Ejecutivo podría aprobar el recurso en su reunión de mañana. Una premura que ya se ha aplicado en otras oportunidades.
El diputado de Junts pel Sí Roger Torrent sostuvo que la oposición se opone a un cambio que es «constitucional y estatutario», tras los cambios introducidos a última hora, porque sólo ven en la modificación una «herramienta» enfocada a facilitar el referéndum.