La Generalitat denuncia a la Guardia Civil por interrogar a sus altos cargos
Acusa a los agentes de actuar con voluntad de coacción y de intimidación.
Colpisa | Barcelona
La Generalitat recurrió a la misma justicia que está dispuesta a desobedecer si se entromete en su camino hacia la república catalana. Lo hizo para denunciar ayer a los agentes de la Guardia Civil que a lo largo de esta semana interrogaron a seis altos cargos del Gobierno autonómico en el marco de una investigación sobre supuestos preparativos para la celebración de la consulta prevista para el 1 de octubre.
Dos de ellos, el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin; y el director general de Comunicación, Jaume Clotet, entraron en la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona como testigos, pero a mitad del interrogatorio se les informó de que pasaban a tener la condición de investigados policialmente —no implica cargos judiciales— al considerar los agentes que se habían incriminado con sus declaraciones. Podrían haber incurrido en revelación de secretos, malversación de caudales públicos, desobediencia, prevaricación y sedición.
Desde el independentismo se acusa al Gobierno central de lanzar una nueva persecución política llevada a cabo con los medios del Estado y que tiene como único objetivo amedrentar a «demócratas» que defienden «ideas legítimas». La Generalitat atribuye a los agentes del instituto armado en su denuncia hasta cinco delitos: contra los derechos individuales, obstrucción a la justicia, usurpación de atribuciones, falsedad documental y violación de secretos.
Los letrados del Ejecutivo catalán consideran que se violaron los derechos fundamentales de los dos investigados. Ambos acudieron como medida de precaución con sus abogados, pero al llegar a la comandancia en calidad de testigos no entraron al interrogatorio. La demanda no se ciñe solo a las declaraciones de los altos cargos. Desde la Generalitat se acusa también a la Guardia Civil de haber manipulado documentos o de asegurar que actuaba siguiendo órdenes del juzgado número 13 de Barcelona cuando no era así. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una vez registrada la denuncia irá ahora a reparto y, después, el juez al que le corresponda examinarla deberá decidir si la admite o no a trámite.