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EL ÓRDAGO SOBERANISTA

Los sapos por tragar de la lectura única

Los independentistas, que ahora defienden la vía exprés en el Parlament, criticaron a PSOE y PP cuando la usaron. El procedimiento se aplica en 14 autonomías, Congreso y Senado para acelerar proyectos sencillos y consensuados

Junqueras y Puigdemont se saludan en el Parlament, en marzo.

Publicado por
IOLANDA MÁRMOL
León

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El intento de reforma del reglamento del Parlament para modificar los requisitos de las iniciativas que pueden ser sometidas a un procedimiento de lectura única abre grietas en la coherencia de los partidos soberanistas. Lo que ahora se defiende como un método legítimo fue severamente criticado cuando esta vía exprés fue empleada en el Congreso por los adversarios políticos, que entonces no vieron impedimento en aplicarla y ahora recelan de los independentistas.

La medida, aprobada per JxSí y la CUP en julio, está suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC) -que previsiblemente este miércoles rechazará el recurso de súplica de la Generalitat-, ante la posibilidad de que el Ejecutivo catalán emplee la lectura única para aprobar las leyes de desconexión. El Consell de Garanties Estatutàries y los letrados del Parlament también expresaron reparos porque consideran que vulnera la Constitución y el Estatut.

La caja de los truenos está abierta con acusaciones cruzadas, pero la hemeroteca evidencia que las posiciones políticas que hoy se defienden con vehemencia no siempre fueron las mismas. 

USO LIMITADO

El principal argumento que sostienen los partidos independentistas es que la lectura única se emplea en 14 parlamentos autonómicos y en las Cortes. Ahora bien, el reglamento limita su utilización (artículo 150 del Congreso y 129 del Senado) para la tramitación de proyectos o proposiciones "cuya naturaleza lo aconseje o cuya simplicidad de formulación lo permita" y cuando exista consenso.

Con este método la iniciativa se ahorra el recorrido en comisión y todo el trámite se reduce a un pleno de toma de consideración, un exiguo plazo de enmiendas y un pleno de votación. Gana la rapidez y se resiente la posibilidad de debate.

El dilema de los juristas estriba en encontrar dónde está el equilibrio entre urgencia y diálogo, teniendo en cuenta que la redacción es ambigua. ¿Qué es una "naturaleza que lo aconseje"?

ABDICACIÓN, RTVE Y CÓDIGO PENAL

La lectura única se ha empleado varias veces esta legislatura: en la reciente renovación de RTVE, en la reforma de la ley electoral (para acortar las campañas) y en la ley de estabilidad presupuestaria. También en la abdicación del rey Juan Carlos, en el 2014.

Al año siguiente, PP y PSOE la emplearon en la reforma exprés del Código Penal, método que entonces criticó CiU. Jordi Jané, exportavoz de CiU en el Congreso y 'conseller' de Interior hasta su dimisión en julio, se opuso entonces a la tramitación "ultrarrápida" de la proposición de ley "como si fuera una cosa bipartidista".

DONDE DIJE DIGO... 

Sin embargo, la bronca monumental que puso en duda la idoneidad de la lectura única fue la tramitación acelerada -solo 13 días- con la que PSOE y PP reformaron el artículo 135 de la Constitución, el verano de 2011. Entonces, CiU y ERC criticaron con dureza que el bipartidismo emplease esa fórmula para modificar nada menos que la Carta Magna en apenas dos semanas. El entonces portavoz nacionalista, Josep Antoni Duran Lleida, advirtió de que se rompía el proceso constituyente. "Modificar la Constitución requiere sosiego y consenso y es impresentable e inadmisible que se haga una reforma exprés de la Constitución en cuatro días", argumentó.

El entonces diputado de ERC, Joan Ridao -ahora letrado en el Parlament- alegó que el procedimiento era "antidemocrático", "antisocial", "ilegítimo" y "probablemente inconstitucional". 

El TC rechazó entonces el recurso de amparo planteado por IU, pero esa permisividad fue cuestionada por la doctrina. Los juristas defienden mayoritariamente el uso restrictivo de la lectura única porque entienden que limita el debate y el derecho de enmienda. ¿Es útil? Sí, pero avisan del riesgo de recurrir a una vía legislativa expeditiva en cuestiones de trascendencia.