Rajoy asume que Puigdemont desobedecerá al Constitucional

ramón gorriarán | madrid

Mariano Rajoy ha desistido de convencer a Carles Puigdemont para que renuncie a sus planes soberanistas. Sabe que la suerte está echada y que el presidente de la Generalitat va a convocar, todo apunta a esta misma semana y con la firma de sus 13 consejeros, el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña. La incógnita está en si las medidas coercitivas que ordenarán el Tribunal Constitucional y el Gobierno serán suficientes para evitar la consulta. Los independentistas dicen que no, La Moncloa quiere creer que sí.

En la Presidencia del Gobierno creen que ya no hay de qué hablar con Puigdemont y los líderes soberanistas respecto al referéndum. No se descarta una llamada de Rajoy a última hora pero será para que quede constancia en la historia de que intentó evitar la consulta secesionista hasta el final. La sensación es que se ha llegado a un punto de no retorno porque ninguna de las partes puede echarse atrás a estas alturas tras cinco años de pulso.

Si como todo hace prever el Parlamento de Cataluña aprueba en su pleno de esta semana la ley de referéndum y el presidente catalán convoca la votación, el Gobierno recurrirá ambas decisiones ante el Constitucional, que las anulará de inmediato. Pero Puigdemont y las fuerzas soberanistas no han dejado lugar a las dudas de que desobedecerán. La corte es competente para ordenar en ese caso la inhabilitación del presidente catalán, sus consejeros y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Pero esa medida sería papel mojado a tenor de lo que dicen los destinatarios de la misma. Puigdemont fue cristalino hoy en una entrevista en La Vanguardia: «No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones». Solo puede ser suspendido, según su interpretación, en las circunstancias que fija el Estatuto de Cataluña y, por tanto, si el Constitucional da ese paso «nos deberíamos plantar».

El Gobierno también puede recurrir al Código Penal que tipifica la rebelión, la sedición, la desobediencia a resoluciones judiciales o la resistencia a la autoridad con penas de cárcel y multas elevadas. Mas no parece que esa vía conminatoria vaya a hacer cambiar de opinión a los independentistas, sobre todo después de que en julio Puigdemont prescindiera de sus colaboradores más tibios y preocupados por su patrimonio personal.

También está sobre la mesa de los despachos de la Moncloa la declaración del estado de excepción, una potestad del Gobierno que requiere la autorización del Congreso; o el de sitio, que lo declara la Cámara por mayoría absoluta. En ambos casos la composición del Congreso, con un PP en minoría, no facilita ambas respuestas salvo que el Gobierno cuente con la colaboración incondicional del PSOE.