La Generalitat se asegura los colegios del 1-O en Barcelona

Cristian Reino | Barcelona

Barcelona sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza del Gobierno catalán, en lo que a la logística prevista para la celebración del referéndum convocado para el próximo 1 de octubre se refiere.

La resistencia de la alcaldesa Ada Colau a ceder locales municipales para la votación complica el normal desarrollo de la consulta en la capital catalana, lo que a dos semanas y media de la consulta ha disparado todas las alarmas en el secesionismo, que se ha lanzado en tromba a presionar a la dirigente de Catalunya en Comú para que acabe colaborando y cediendo los locales.

Mientras la alcaldesa se lo piensa, la Generalitat dio ayer un golpe de autoridad y cesó al presidente del Consorcio de Educación de Barcelona y situó en su puesto a la propia consejera de Educación, Clara Ponsatí, quien asumió la cartera de enseñanza tras las purgas del mes de julio que costaron el cargo a cuatro consejeros del equipo de Puigdemont que albergaban dudas respecto al 1-O. En su lugar, Puigdemont nombró a cuatro consejeros 100% independentistas.

Barcelona es la ciudad más poblada de Cataluña (1,6 millones de habitantes, sobre 7,5 millones en el conjunto de la comunidad autónoma), pero la Generalitat no ha sido capaz aún de determinar dónde votarán los barceloneses en el referéndum. Su intención es que lo hagan en los mismos centros en los que acuden a votar en las elecciones convencionales. Pero para que así sea, necesita que el consistorio ceda los más de 260 locales que suele facilitar para los procesos electorales, lo que está por ver, porque Ada Colau ha dicho que «hará todo lo posible» para que los ciudadanos de Barcelona puedan participar en la consulta, pero al mismo tiempo matiza que su obligación es defender la institución del ayuntamiento y a sus funcionarios. Y ha pedido además garantías a Carles Puigdemont de que los empleados públicos del consistorio no corren ningún peligro. Ada Colau está a la espera de que el Ejecutivo catalán dé respuestas a su carta, enviada la semana pasada, informándole de estas garantías.

Golpe de timón

El plan B que ha ideado el Gobierno catalán es prescindir de los locales de titularidad municipal de Barcelona y utilizar los que son de la administración catalana. Entre otros, los más de 400 centros educativos públicos, gestionados por el Consorcio de Educación de Barcelona. De ahí el golpe de timón de la consejera, que es quien asumirá la decisión de abrir los centros el 1-O.

Este consorcio está participado en un 60% por la Generalitat y en un 40% por el Ayuntamiento y gestiona todos los centros escolares públicos que hay en Barcelona (los de primaria son municipales y los de secundaria autonómicos), pero el Ejecutivo catalán ha hecho valer su mayoría en el consejo para cesar al anterior máximo responsable. Aun así, sin el concurso del Ayuntamiento, la Generalitat ya no podrá decir que la votación se ha desarrollado igual que en el resto de elecciones.