Los fiscales del 'caso 3%' piden que se prohíba al 'exconseller' Gordó salir de España

Los fiscales del 'caso 3%' José Grinda y Fernando Bermejo han solicitado este jueves al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Carlos Ramos que prohíba salir de España a Germà Gordó, exdiputado de Junts pel Sí ahora no adscrito y 'exconseller' de Justícia. El juez deberá ahora decidir si ordena dicha medida.

Gordó ha declarado durante más de cuatro horas por presuntamente haber intermediado con diversas empresas para que la Generalitat concedidera licitaciones a estas firmas a cambio de "donaciones" a dos fundaciones vinculadas a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), CatDem y Fòrum Barcelona. A requerimiento de los fiscales aunque de manera voluntaria, el diputado nacionalista ha entregado uno de los teléfonos móviles que utiliza. Tiene dos, uno oficial del Parlament, el que ha dado, y otro particular.

Agendas oficiales

La Guardia Civil ha podido reconstruir alguna de las agendas oficiales que ha tenido Gordó durante su trayectoria en la Generalitat, tanto como secretario de Govern como 'conseller' de Justícia y diputado. Las agendas se han podido recuperar tras los registros efectuados a finales de julio en el Parlament, la 'conselleria' y el Palau de la Generalitat.

En su declaración, Gordó ha admitido reuniones con diversos empresarios de la construcción, aunque ha negado que fuera para exigir donaciones a dos fundaciones vinculadas a la extinta CDC. Después de un repaso somero a su trayectoria en la Adminitración y en CDC, el político, que ha contestado a las preguntas del juez y de todas las partes, ha detallado algunas de esas reuniones que, según ha precisado, las realizaba en función de su cargo. Algunas de estas citas se celebraron cuando era 'conseller' de Justícia. Una de ellas fue sobre la cárcel Modelo. También ha reconocido que perteneció al consejo de administración de la empresa pública Infraestructures de Catalunya (antes GISA) por su cargo como secretario del Govern.

De El Vendrell a Barcelona

El alto tribunal catalán aceptó en junio la inhibición del juez de El Vendrell que investiga el 'caso 3%' en relación a las sospechas existentes respecto a Gordó, que como diputado ostenta la calidad de imputado y solo puede ser investigado por el TSJC. Para su decisión, el alto tribunal tuvo en cuenta no solo las anotaciones que se han encontrado en documentos hallados en los registro de algunos investigados, sino la declaración de dos testigos protegidos que han vinculado al ahora parlamentario con el presunto pago de comisiones a CDC. Gordó está siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos públicos, entre otros.

En la exposición razonada remitida por el juez de El Vendrell al TSJC en que la que se requería que se abriera una investigación contra Gordó se detalla que algunas personas que realizaron anotaciones manuscritas relativas a Gordó utilizando un nombre supuesto (Gregorio o Gerardo) han precisado que "se referían efectivamente a él". Por otra parte, la Generalitat contestó que no constaban en los archivos de la Generalitat la agenda oficial de Gordó de la época que ejerció como secretario del del Govern (diciembre del 2010 a diciembre del 2012), ni que dicho documento esté en formato electrónico "al haberse eliminado el buzón del servidor departamental debido a una migración de datos". Esto provocó que el 20 de julio la Guardia Civil, por orden del juez Ramos, registrara el Parlament, la Conselleria de Justícia y el Palau de la Generalitat. 

A las sospechas se añaden las declaraciones de dos testigos protegidos que, si bien se refieren a una época anterior (2004-2009) que es objeto de investigación, "contienen informaciones que permite conferior cierta verosimilitud" de forma, por ahora indiciaria, sobre las sospechas que existen respecto a la actuación. Estas dos personas han implicado a Gordó en el caso, atrubuyéndolo su intermeciadión en la captación de fondos para las fundaciones de CDC.

Avisos y reuniones

Un testigo protegido relató ante los fiscales que el 'exconseller' Germà Gordó les advirtió de las consecuencias de no "obedecer" a los intereses de CDC. Un aviso que implicaba directamente al expresidente de la Generalitat Artur Mas. Según este empresario y donante de fondos a la fundación convergente CatDem, Gordó le dijo: "Tú no obedeces. Ahora a quien no obecedes es 'president', a ver qué va a pasar".

De acuerdo con las diligencias judiciales del caso dicho empresario recibió "entre el 2006 y el 2007" una llamada de Gordó, "a quien ya había visto alguna vez antes", citándole en la sede de CDC en la calle de Còrsega de Barcelona. La cita se produjo, siempre según su testimonio, en el despacho de Mas, jefe de la oposición a la sazón, y en presencia del 'exconseller', que por aquel entonces era gerente del partido.

El testigo declaró que Mas se dirigió a él en estos términos: "A partir de ahora todas las adjudicaciones han de ser a través de Gordó". La versión del empresario es que el actual diputado del PDECat le dijo que debía cambiar, pero que él hizo caso omiso. A partir de aquella cita, según esta versión, el empresario no volvió a tener contacto en persona con Mas. En cambio, sí se encontró tiempo después con Gordó en un acto en Tarragona. Allí fue donde el entonces ya alto cargo del Govern le apercibió con el "a ver qué va a pasar". En su primera legislatura, del 2010 al 2012, Gordó fue secretario del Govern. En la siguiente, del 2012 al 2015, ocupó el cargo de 'conseller' de Justícia. 

En la causa también figura el relato de un segundo testigo protegido que expuso un encuentro en el 2004 con el entonces diputado de CiU Josep Grau, quien había sido 'conseller' de Agricultura en la última legislatura de Jordi Pujol. Este testigo acudió a Grau por recomendación del alcalde de Alcarràs (Lleida) en aquel momento, el convergente Gerard Serra. El entonces diputado le citó en el Parlament y allí, siempre según su testimonio, le dijo: "Si queréis hacer algo más con el Gustavo en las tierras de Lleida, tenéis que tratar con Gordó". A continuación, el empresario se entrevistó con el 'exconseller', también en la Cámara catalana, y este, según la fiscalía, "le ratificó que cualquier negocio en las tierras de Lleida tenía que hablarlo antes con él, para pactar las condiciones".

En su comparecencia ante la comisión de Afers Intitucionals del Parlament, el pasado 24 de mayo, Gordó remarcó que siempre ha actuado "de acuerdo con el ordenamiento jurídico". "Claro que me he reunido con empresarios. Solo faltaría. Y con sindicatos, entidades culturales, colegios profesionales... Con todos los que me lo pedían", explicó aquel día, al tiempo que remarcó que nadie le pidió nunca nada ".