El independentismo traslada la tensión a la calle

cristian reino | barcelona

Tensión máxima. A diez días para el referéndum del 1 de octubre, el enfrentamiento entre las instituciones del Estado y las de Cataluña se elevó ayer a un nivel nunca visto desde la recuperación de las libertades y la democracia.

La Guardia Civil, por orden de un juez de Barcelona, realizó más de 41 registros, detuvo a una quincena de personas -buena parte de ellos altos cargos del Gobierno catalán, como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, estrechos colaboradores de Junqueras-, investigó a una veintena de personas y dio un golpe muy duro a la organización de la consulta -así lo reconocieron los propios dirigentes del independentismo-. Pero al mismo tiempo, encendió la mecha de la movilización callejera, que podría prolongarse hasta el 1-O.

La sociedad catalana, la parte de ella que considera que tiene derecho a que se le consulte sobre el futuro de Cataluña y que en el Parlamento catalán agrupa al 60% de los escaños, reaccionó de manera contundente a lo que considera una agresión a sus derechos civiles, pues no solo fueron las organizaciones políticas y las plataformas soberanistas las que respondieron a la operación policial, sino entidades como el Barça, los sindicatos o las universidades. El proceso catalán ha generado episodios de mucha tensión, como el 9-N, la condena de Mas o los dos días en que se aprobaron la ley del referéndum y la de transitoriedad, pero nada que ver con lo de este miércoles. La Consejería de Economía de Junqueras, convertida en una especie de símbolo de la resistencia contra el invasor español, fue el epicentro de las protestas.

El independentismo habló de golpe de Estado, de estado de excepción, de suspensión de la autonomía y hasta de declaración de guerra, unos términos de extrema dureza, más propios de los primeros años de la transición, pero que reflejan el nivel de tensión que preside el llamado pleito catalán. A día de hoy, la distancia entre los dos contendientes es de tal magnitud, que lo que para el secesionismo fue ayer un golpe de Estado orquestado por la Guardia Civil, para el constitucionalismo no fue más que la reacción del Estado, que tiene el derecho y el deber de defender la democracia.

El enfrentamiento institucional fue máximo, aunque, eso sí, no se produjeron apenas incidentes (al cierre de esta edición). La tensión, sin embargo, puede ir a más hasta el día 1 de octubre, teniendo en cuenta que las operaciones policiales aún no han conseguido descabezar la joya de la corona de todo referéndum: las urnas. Ya lo advirtió Carles Puigdemont el fin de semana pasado, cuando aseguró que no hay que subestimar la «fuerza del pueblo de Cataluña».

El escenario es un polvorín hasta el 1-O, pero casi se podría decir que Rajoy y Puigdemont tienen lo que esperaban. En cualquier caso, quien tiene un problema mayor es Rajoy, porque el presidente de la Generalitat expresó ayer toda su determinación a continuar con el referéndum y por tanto obligará al jefe del Ejecutivo español a llevar a cabo lo que dijo que no quiere hacer, lo que podría ocasionarle fugas en el bloque constitucionalista.