El TC multa con 12.000 € diarios al número dos de Junqueras y a la sindicatura electoral por desobedecerle
Es la primera vez que el alto tribunal aplica esta facultad para hacer cumplir sus resoluciones. La decisión ha sido adoptada por unanimidad aunque contará con tres votos concurrentes
Sede del Tribunal Constitucional en Madrid.
El Tribunal Constitucional ha decidido hacer uso de las nuevas facultades que le confirió el PP en la última reforma de su ley reguladora con la sindicatura electoral. El pleno del alto tribunal ha acordado imponer una multa diaria de 12.000 euros a los miembros de la sindicatura electoral y al considerado su responsable, el número dos de Oriol Junqueras en Economía, Josep Maria Jové. Además, ha impuesto multas de 6.000 al día a los de las demarcaciones territoriales por desobedecer sus resoluciones, en concreto, las que suspendían al órgano de funciones al igual que hacía con todo el andamiaje legal aprobado por el Parlament de cara al 1-O, informaron fuentes del alto tribunal.
La multa también se ha extendido a Jove, detenido ayer en la operación dirigida a evitar el referéndum ilegal, y a la jefa de la administración electoral, Montserrat Vidal y Roca, que deberá afrontar 6.000 euros.
Los síndicos solo tienen una opción para evitar este pago diario: si renuncian a sus responsabilidades en el órgano electoral suspendido antes de que transcurran 24 horas después de que la resolución se publique en el Boletín Oficial del Estado. Si no lo hacen deberán pagar las cantidades fijadas hasta que cumplan las resoluciones del alto tribunal.
La decisión del pleno del Constitucional se ha adoptado por unanimidad, aunque cuenta con tres votos concurrentes de magistrados que comparten con la mayoría el fondo, pero los razonamientos a los que se ha llegado. Que se haya adoptado por unanimidad es importante, porque dos de los actuales magistrados del tribunal, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés, consideraron inconstitucionales las nuevas armas con las que el PP le dotó justo antes de perder la mayoría absoluta.
Una vez apreciada la desobediencia de la sindicatura electoral, el Constitucional optó por dar un plazo de 48 horas a sus miembros y suplentes para que presentaran alegaciones y pudieran explicar cómo estaban dando cumplimiento a la suspensión de sus funciones, que iba dentro de la de todo el andamiaje legal aprobado por el Parlament.
Entre las facultades con que cuenta el alto tribunal figura, además de las multas, suspender de funciones al cargo público que incumpla sus resoluciones, la ejecución sustitutoria y la deducción de testimonio para que la fiscalía interponga una querella si considera que hay delito.
En este caso, esta opción del Constitución quedó superada la semana pasada por la iniciativa de la propia fiscalía, que ya presentó una querella contra Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tania Verge, Josep Pagés, Josep Costa y Eva Labarta, titulares y suplentes de la sindicatura electoral de Catalunya, al entender que han cometido los delitos usurpación de funciones, desobediencia y malversación.