La Fiscalía entiende que hubo sedición en los ataques a la comisión judicial

mateo balín | madrid

La Fiscalía General del Estado dio un nuevo paso en su respuesta «firme y enérgica» para impedir la celebración del «referéndum ilegal» del 1 de octubre y actuar penalmente contra las derivadas colaterales de su suspensión. Este principio de intenciones anunciado por José Manuel Maza en la apertura del año judicial, el pasado 4 de septiembre, incorporó ayer una nueva muesca con la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional para investigar si los incidentes ocurridos el pasado miércoles en Barcelona, durante la operación Anubis contra los organizadores del referéndum, encajan en un delito de sedición.

La sedición es un tipo penal que se incluye entre los delitos contra el orden público y que castiga a las personas que «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, el cumplimiento de sus acuerdos o resoluciones administrativas y judiciales». Su pena oscila entre los cuatro y los 15 años de prisión en su variante agravada, igual que un homicidio.

Dicha denuncia, firmada por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, será investigada por reparto por el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número dos y conocido por su polémica decisión sobre los dos titiriteros que estuvieron cinco días en prisión provisional con el visto bueno del Ministerio Público. Éstos estaban acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo presuntamente cometido durante una representación en el carnaval de Madrid de 2016, pero finalmente su causa fue archivada.

El fiscal considera que las concentraciones llevadas a cabo para impedir «por la fuerza» la actuación de las autoridades y sus agentes pudieron ser constitutivas de un delito de sedición. Asimismo, pide que las diligencias sean investigadas por la Guardia Civil, el cuerpo que hizo los registros del miércoles en diversas sedes de la Generalitat.

Son varios los episodios que relata la denuncia. En primer lugar, los registros autorizados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en la Consejería de Economía. La comitiva judicial llegó a las 8 de la mañana del miércoles y abandonaron el mismo a las 7 de la mañana del jueves. A través de las redes sociales se convocó una concentración para «oponerse» a la práctica de las diligencias, reuniéndose 400 personas en un primer momento y con el paso de las horas 40.000, según la Guardia Urbana.

Entonces, sobre las 11 de la mañana «individuos que no han podido ser identificados» pincharon las ruedas de los vehículos de la Guardia Civil. La Asamblea Nacional Catalana montó un puesto para voluntarios, «conscientes de que con ello dificultaría la intervención policial». De forma paralela, una sede cercana del PSC fue apedreada y hubo agresiones a militantes socialistas. A las 20 horas, la Fiscalía identifica al presidente de ANC, Jordi Sánchez, en una intervención en la que emplazaba a los manifestantes a que no se fueran a casa. «Será una noche larga e intensa». A las 24.00 horas el juez contactó con el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, para ordenarle expresamente que permitiera la salida de la comisión, y la secretaria judicial tuvo que hacerlo por la azotea.

Minutos después, el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, pidió que la movilización no se detuviera y Jordi Sánchez le secundó subido a un coche de la Guardia Civil. Pero la situación se descontroló y sus llamamientos a disolver la manifestación fueron en vano. «La turba destrozó los tres vehículos oficiales».