El Gobierno no se fía de los Mossos y aumenta los guardias civiles y policías
Interior cree que ante las manifestaciones es necesario reforzar la labor de los agentes autonómicos.
Los Mossos d’Esquadra el miércoles cuando se detuvo a varios altos cargos de la Generalitat. T. ALBIR
ramón gorriarán | madrid
El Gobierno no se fía de los Mossos d’Esquadra para impedir el referéndum y tiene serias dudas sobre cuál será su comportamiento el 1 de octubre si la Generalitat logra organizar aunque sea un simulacro de consulta. Para evitar sorpresas, ha dispuesto el refuerzo de las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña para contar, al menos, con los mismos efectivos que tiene desplegados la Policía catalana, en torno a 17.000 agentes. Una decisión que para el Ejecutivo de Carles Puigdemont no es más que una «intervención», ahora «encubierta» y que será «directa» el día de la consulta.
Los últimos sucesos han acabado de convencer al Gobierno de Mariano Rajoy de que no puede contar con los Mossos para impedir el referéndum. Era una sospecha más o menos fundamentada, y ahora es casi una certeza, según admiten en La Moncloa. El comportamiento «pasivo» de los agentes autonómicos en la multitudinaria concentración ante la Consejería de Economía, donde se impidió la salida del edificio a la comitiva judicial y a los guardias civiles que practicaron un registro además de destrozar los patrulleros, o ante el Tribunal Superior de Justicia llevaron a Interior a convencerse de que el 1 de octubre tendrán la misma actitud.
La instrucción que remitió el pasado miércoles el jefe de los Mossos a sus agentes abonó también el recelo gubernamental. Josep Lluis Trapero ordenó a sus policías ser «especialmente restrictivo y cuidadoso con el uso de la fuerza» y limitarla a «los casos en que se tenga que garantizar la seguridad propia o de terceros y siempre que no haya otra opción menos lesiva». Los mandos de los Mossos se han aferrado a esta orden para justificar su actuación.
Más de 15.000
El Gobierno no quiere correr ningún riesgo de que el 1 de octubre se pueda votar y está decidido a tener en Cataluña la mayor concentración de policía y guardias civiles que pueda organizar. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prometió ayer que enviará cuantas unidades «sean necesarias». El Ministerio y otros departamentos gubernamentales se han implicado en una operación logística de primera magnitud para albergar a todos los agentes, se cree que superarán los 15.000. Además de los tres cruceros amarrados en Barcelona y Tarragona, se han habilitado cuarteles del Ministerio de Defensa, contratado hoteles completos y se han exprimido las posibilidades habitacionales en las comandancias de la Guardia Civil y comisarías de la Policía.
El Gobierno reconoce que se trata de «una medida excepcional», pero necesaria ante las «movilizaciones tumultuarias» que se han registrado estos días y que aconsejan, según escribió Zoido en su carta al consejero catalán de Interior, Joaquim Forn, que la Policía y la Guardia Civil acudan a «apoyar a los Mossos d’Esquadra en el mantenimiento del orden». Resulta llamativo que tanto el titular de Interior como el portavoz gubernamental pusieran el acento en el calificativo tumultuario, recogido en el Código Penal para tipificar el delito de sedición. Iñigo Méndez de Vigo, sin embargo, rechazó que el Gobierno estuviese pensando en imputar ese delito a alguien porque esa tarea corresponde a la Fiscalía y el Ejecutivo respeta su «independencia». Dicho y hecho, la Fiscalía presentó a continuación una denuncia por sedición en la Audiencia Nacional por las manifestaciones del miércoles y el jueves en la capital catalana.
«Apoyar y reforzar»
Pero más allá de esta circunstancia, el Gobierno muestra en privado «una desconfianza profunda» hacia la Policía catalana, aunque en público el portavoz Méndez de Vigo negó hasta tres veces que existiera ese recelo. Insistió en que el traslado masivo sólo busca «apoyar y reforzar» a los agentes catalanes. «El Gobierno -aseguró- no desconfía de los Mossos».
En la Generalitat no se creyeron ni media palabra, y el consejero de Interior denunció que el traslado masivo de policías y guardias civiles supone una «intervención encubierta» de su Policía, que será «directa» el 1 de octubre. Forn recordó que Zoido enmarcó el traslado en el artículo 38.2 de la ley de fuerzas de seguridad del Estado, pero subrayó que en esa misma disposición se establece que en caso de concurrencia entre cuerpos de seguridad del Estado y una policía autónoma «serán los primeros los que asumirán la dirección de la operación».