Educación investiga los permisos escolares para apoyar el proceso
El Gobierno advierte a los directores de las consecuencias penales de facilitar sus centros para la consulta.
Los estudiantes cortaron la Gran Vía de Barcelona. QUIQUE GARCÍA
nuria vega | madrid
En el marco de la respuesta integral al referéndum, Íñigo Méndez de Vigo solicitó ayer a la Alta Inspección de Educación la apertura de un expediente para investigar si los directores de algunos colegios e institutos de Cataluña están incitando a los estudiantes a participar en las protestas de las plataformas independentistas. El ministro portavoz trasladó así su preocupación por las informaciones que apuntan en esa dirección y rechazó que entre las labores de los docentes esté «el adoctrinamiento o coger a unos niños de poca edad y llevarlos a manifestaciones».
Las sospechas del Gobierno se fundamentan en escritos como el de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que el jueves condenó «la utilización política» de los escolares para nutrir movilizaciones frente a edificios públicos de Cataluña contra las decisiones del Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta asociación denunciaba en concreto una circular remitida a los padres en un instituto de Olot, Gerona, que reclamaba la autorización de las familias para sumarse a las protestas. «Los últimos hechos respecto al 1 de octubre no nos han dejado indiferentes, por lo que hemos decidido organizarnos y movilizarnos desde las aulas», se planteaba en la misiva, según la organización de guardias civiles.
La posibilidad de que no sea un hecho aislado y que sea el modo de proceder en colegios e incluso en determinadas facultades, ha alertado al Gobierno. En La Moncloa inquieta el clima que se vive en las calles de Barcelona desde el miércoles, día de la operación que desmanteló buena parte de la logística para el referéndum. «¿Hasta cuándo va a seguir abusando y tensionando al pueblo de Cataluña?», preguntó ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a Carles Puigdemont, a quien reprochó el «acoso masivo» al que defiende la legalidad vigente y que se «acarreen» niños a las manifestaciones.
«Es el colmo de la vergüenza», se sumó el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que pidió a los secesionistas que «dejen de utilizar a los niños en los colegios para hacer proselitismo». La número dos del partido, María Dolores de Cospedal, reprochó, además, a Podemos que salgan «a la calle a protestar porque se está aplicando la ley».
La Delegación del Gobierno en Cataluña también se dirigió ayer, en este caso por carta, a los directores de institutos catalanes para advertirles de las consecuencias de abrir sus centros educativos como locales de votación el 1 de octubre. Enric Millo subraya que con la cesión de espacios se puede incurrir en «responsabilidades penales por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación».