La Audiencia Nacional investigará si hay sedición
La jueza Lamela pide a la Guardia Civil el atestado de lo ocurrido los días 19 y 20 en Barcelona
La grúa se lleva los vehículos de la Guardia Civil de la Conselleria de Economia atacados durante la protesta por las detenciones
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la denuncia por sedición presentada a última hora del pasado viernes por la fiscalía en relación con los altercados vividos durante las protestas celebradas en Barcelona los días 19 y 20 tras los arrestos y registros realizados por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de esa ciudad.
La magistrada, que instruyó por delito de terrorismo la agresión sufrida por dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), considera que en las protestas de Barcelona hubo sedición y que por las características que tuvieron los hechos debe ser investigado en la Audiencia Nacional. Su primera actuación ha sido solicitar un atestado a la Guardia Civil sobre lo ocurrido.
En diciembre de 2015, Lamela rechazó, al no apreciar delito, la denuncia que le correspondió de las presentadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra distintos consistorios catalanes por delito de sedición por haber suscrito la declaración soberanista aprobada por el Parlament y que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional.
La denuncia por sedición de la fiscalía no se dirigía contra nadie en concreto, pero señalaba la intervención que tuvieron en las concentraciones el presidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ambos animaron a los participantes. El primero dijo: "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos" y "que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". El segundo se subió a un coche de la Guardia Civil para desde allí pedir que la protesta continuara.
El escrito relataba cronológicamente los altercados vividos en las concentraciones de los días 19 y 20. Cita los tiros al aire por parte de agentes para evitar un presunto ataque a un furgón en la sede de la CUP, los cometidos contra vehículos de la Guardia Civil y el acoso sufrido por la comisión judicial que participaba en el registro de la 'Conselleria' de Economia.