El TSJC ordena impedir el uso de locales públicos para el 1-O

m. s. p. / m. b. | madrid

La justicia estrecha el cerco sobre el referéndum ilegal del domingo y responde de inmediato a cada uno de los intentos de la Generalitat para organizarlo. El último de ellos corrió a cargo de la Consejería de Sanidad, que se hizo cargo de la gestión directa los ambulatorios para disponer de ellos como centros electorales. No parece que la maniobra vaya a funcionar después de que la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas, que instruye la querella de la Fiscalía contra todos los miembros del Govern catalán, ordenase a los Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional que cierren todos los edificios y locales públicos de Cataluña que se usen para la celebración del referéndum.

En un auto conocido ayer, la magistrada de la Sala Civil y Penal ordena además a los cuerpos policiales actuantes que impidan, hasta el 1 de octubre, la utilización de estos espacios públicos o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público para la preparación de la celebración del referéndum.

Del mismo modo, la magistrada ordena requisar todo el material relacionado con la consulta que, en su caso, estuviera a disposición de introducirse, o fuera hallado dentro de dichos locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto e instrumento de los delitos que se investigan.

La orden de la magistrada vuelve a poner en un aprieto a la Policía catalana. Su máximo responsable, Josep Lluís Trapero, no se anduvo por las ramas. El mayor de los Mossos d’Esquadra dibujó un panorama de altercados y desórdenes públicos generalizados si el cuerpo autonómico se ve obligado a desalojar o impedir el paso entre el sábado y el domingo a los más de 2.500 colegios electorales, tal y como ya le ordenó el martes el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada y ahora el TSJC. Sus argumentaciones ante los representantes de la Fiscalía y del Ministerio del Interior no hicieron cambiar los planes de Romero de Tejada, quien recordó al máximo responsable del cuerpo catalán que tiene también instrucciones de -si no se ve capaz de evitar la apertura de los centros por sus propios medios- pedir ayuda al Ministerio del Interior, cuyos representantes, ayer, insistieron en que tiene a disposición del operativo los más de 2.600 antidisturbios de la Policía y la Guardia Civil desplegados ya para impedir el 1-O.

El encuentro, a pesar de la envergadura del problema que se avecina, apenas duró una hora. El ambiente, según fuentes asistentes al mismo, fue «gélido». Trapero, que el pasado lunes plantó al órgano de coordinación, esta vez sí que asistió a la reunión convocada por Romero de Tejada en la sede de la fiscalía superior y a la que también asistieron el jefe superior de la Policía, Sebastián Trapote, y el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo, además del cuestionado coronel Diego Pérez de los Cobos, designado por el Ministerio Público como «coordinador» del operativo anti 1-O.

Trapero no habló de despliegues en los colegios sino que se centró en avisar de que ya hay indicios de que muchos de los colegios van a ser ocupados antes de los precintos de los mismos y que sus agentes no van a poder encarar un desafío de tal calibre sin enzarzarse en disturbios. El mayor se explayó y luego los Mossos en su Twitter oficial resumieron sus argumentos: «El cumplimiento de instrucciones no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede acarrear consecuencias no deseadas» y que «estas consecuencias se refieren a la seguridad ciudadana y el más que previsible riesgo de alteraciones de orden público que se puedan derivar».

Trapero, quien insistió ante Interior y la Fiscalía en la «situación de tensión que se está generando en relación con los actos del próximo 1-O», sin embargo dijo que haría todo lo posible para dar «el mejor y más adecuado cumplimiento a las instrucciones» fiscales. Eso sí, una vez más, el máximo responsable de los Mossos fue ambiguo, porque acto seguido afirmó que el domingo, no obstante, primará «la proporcionalidad, la oportunidad y la congruencia».

Sus palabras azuzaron la «desconfianza» en los mandos de Interior, que siguen convencidos de que el domingo la respuesta de los Mossos va a ser, cuanto menos, «tibia» y que los agentes no están dispuestos a incautarse de las urnas, a enfrentarse a los ciudadanos que violen los precintos o a impedir que las mesas se instalen en las inmediaciones de los colegios clausurados hasta las 21 horas del domingo.