La calle centra la batalla de la consulta a horas de la cita electoral

ramón gorriarán | barcelona

Al final, votar en el referéndum va a ser lo de menos. Carles Puigdemont se curó en salud ayer y reconoció que votar el domingo será un acto «heroico» por «las muchas dificultades» que habrá para depositar la papeleta. La consulta lleva camino, según pasan las horas, de convertirse en un asunto de orden público en lugar de un pulso político como el que se ha librado en los últimos meses. La batalla es hasta ahora pacífica y se libra ya en la calle, no en los despachos ni en sede parlamentaria.

A 72 horas de la votación, todo está patas arriba. La reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña convocada por el presidente de la Generalitat no sirvió para nada. Los Mossos dejaron claro que irán por libre y decidirán en su momento cómo actúan ante los colegios electorales; lo que no van a hacer es recurrir a la violencia para que no se altere «la convivencia ciudadana». El consejero de Interior, Joaquim Forn, señaló tras el estéril y tenso encuentro que «no se pueden generar problemas más grandes que lo que se quiere evitar». En resumen, que nadie espere de los Mossos una actuación resuelta contra la consulta.

Lo contrario que la Policía Nacional y la Guardia Civil, que, según el Ministerio del Interior, intervendrán «con absoluta determinación» para frustrar la votación. Y para muestra, un botón, la Guardia Civil se incautó ayer de 120 urnas, entre 2,5 y 3 millones de papeletas, y en torno a seis millones de sobres. Hace una semana ya habían requisado casi diez millones de votos. Las fuerzas de seguridad a las órdenes de Juan Ignacio Zoido no van a permitir la apertura de los colegios electorales ni que se vote, cueste lo que cueste. Un mensaje transmitido en la reunión del palacio de Pedralbes, residencia del dictador Francisco Franco cuando visitaba Barcelona, y que ahonda la ya de por sí enorme incertidumbre.

Mientras los responsables de las fuerzas de seguridad mantenían su diálogo de sordos, el centro de Barcelona se vio desbordado por una gigantesca manifestación de estudiantes de secundaria y universitarios. Hasta 16.000 calculó la Guardia Urbana barcelonesa, la protesta estudiantil más numerosa en la capital catalana desde la transición por razones políticas. Hasta contaron con el colorido apoyo de unos 300 bomberos de la plataforma Bomberos por la Independencia.

Los jóvenes, imberbes y barbudos, han secundado de forma abrumadora, según las cifras de la Consejería de Educación, la huelga convocada para ayer y hoy, y se convirtieron en la vanguardia de la movilización que se avecina para el fin de semana. «Haremos campaña política hasta el 1 de octubre», proclamó Jordi Vives, portavoz de la plataforma Universitats per la República.

Una campaña que incluye la ocupación de los centros educativos desde hoy por la noche, cuando los Mossos, si cumplen las órdenes del juez, deberían precintar los colegios designados para ser centros de votación. Esa será otra batalla.

De momento, buena parte de los directores de colegios, y la mayoría de la comunidad educativa, han tomado partido por la consulta y han diseñado un plan de resistencia para impedir el sellado. Pero para cubrirse la espaldas por lo que pueda ocurrir, una amplia representación de los directores docentes se reunió ayer con Puigdemont para hacer una entrega simbólica de las llaves de los centros. De esa forma creen salvar sus responsabilidades penales si se abriera un procedimiento judicial por colaboración en la celebración del referéndum porque al traspasar las llaves a la administración los colegios quedan bajo la custodia de la Generalitat. Algo que no está en absoluto claro.

Institutos, escuelas, colegios y hasta ambulatorios médicos serán algunos de los escenarios del duelo dominical. Si dentro de los centros habrá alumnos, profesores y padres de familia atrincherados, fuera habrá «colas gigantes». Al menos ese es el plan de la Asamblea Nacional Catalana.

Los independentistas, ante la cada vez más evidente imposibilidad de votar o de hacerlo en condiciones muy precarias y sin ningún tipo de garantía legal, ya no esconden que buscan convertir el referéndum en una gigantesca movilización, con multitudes en la calle para «mostrar al mundo» que el Gobierno de Rajoy no permite votar. Que la consulta sea ilegal es un detalle que no cuenta para el Gobierno de Puigdemont, que se aferra al paraguas legal construido a medida en el Parlamento catalán.