Sin fecha para volver a casa

"Estamos aprovisionándonos para quedarnos lo que haga falta". La frase es de un coronel de la Guardia Civil tras conocerse que, por primera vez, el Gobierno ha movilizado al Ejército para ayudar, eso sí "exclusivamente en labores de logística", al contingente de 12.000 policía y Guardias civiles desplazados a Cataluña.

Según desvelaron ayer responsables de la seguridad del Estado, el Ejecutivo comenzó el martes a perfilar un plan para mantener 'sine die' una presencia "rotatoria" similar a la actual (pero nunca menos de 10.000 funcionarios del Interior) en Cataluña mientras persista la inestabilidad política y social. Las órdenes de mantener indefinidamente el despliegue diseñado para el 1-O la dio del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su reunión con Juan Ignacio Zoido y Soraya Saénz de Santamaría. Antes de este encuentro, admitieron estas mismas fuentes, ni Interior ni Vicepresidencia, que coordina los diferentes ministerios afectados por la crisis catalana, habían diseñado plan alguno para mantener la presencia de las fuerzas de seguridad más allá del día 8 de octubre, que era la fecha en la que terminaban la mayoría de las 'comisiones de servicio' de los agentes enviados al despliegue contra el 1-O. El martes el dispositivo se alargó hasta el 11 y ayer se prorrogó sin fecha.

Los detalles de este plan, que en algunos casos se están improvisando casi sobre la marcha, siguen estando muy verdes, hasta el punto de que los responsables del Ministerio del Interior se enteraron ayer por la prensa de que Defensa había mandado a última hora del martes material para alojar y atender a centenares de funcionarios en el cuartel Sant Boi de Llobregat (Barcelona), a 17 kilómetros del centro de la capital catalana.

La Agrupación de Apoyo Logístico 41 (AALOG 41) del Ejército de Tierra con base en el cuartel de San Jorge de Zaragoza fletó 20 camiones -en dos convoyes diferentes- con literas, cocinas, duchas y taquillas. "Este envío tiene lugar por si llegado el momento las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado precisan utilizar la instalación militar", apuntaron desde el departamento que dirige Dolores de Cospedal. Interior no tiene decidido todavía a quién podría alojar en este acuartelamiento. Si irá destinado a los más de 2.000 funcionarios que se alojan en los tres barcos de los puertos de Barcelona y Tarragona, que son los en que peores condiciones están, o si irá sacando progresivamente a los funcionarios que siguen desperdigados por 41 hoteles diferentes de las cuatro provincias y, en muchos casos, hostigados por los vecinos, si bien durante las últimas horas los escraches parecen haber disminuido.

Parte de los efectivos de la operación 1-O ya se alojan en el cuartel de El Bruch (Barcelona) y en la base Alvarez de Castro de San Clemente Sasebas (Gerona), ambos de titularidad del Ejército de Tierra. En las instalaciones de San Clemente fueron reubicados de forma provisional y muy precaria los más de 500 policías y guardias civiles expulsados de tres hoteles de Calella el pasado lunes tras las presiones del ayuntamiento de la localidad. Ayer mismo el hotel Gaudí de Reus, objeto de numerosos escraches, canceló las habitaciones que ocupaba un contingente de antidisturbios de la Policía, tal y como le había exigido el equipo de gobierno consistorial (PDeCAT, ERC-MES y Ara Reus) y la CUP.

A falta de cerrar mucho más que flecos, el Ministerio del Interior empezó con la "rotación" de agentes. Por primera vez, funcionarios del despliegue de Cataluña fueron enviados "momentáneamente" fuera de la comunidad. Unos 150 agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y de la Unidad de Intervención de las Policía (UIP, antidisturbios), que se encontraban en los hoteles de Pineda de Mar hostigados por la multitud, fueron enviados a realizar labores de seguridad en las fiestas del Pilar de Zaragoza y en el partido de España contra Albania en Alicante del próximo viernes. Las órdenes fueron claras: regresar a Cataluña según terminen esos servicios.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tampoco dio muchos detalles de cómo será el plan para mantener la presencia continua en Cataluña en sus reuniones de ayer para tratar de aplacar los caldeados ánimos entre los mandos, agentes y sindicatos de la Policía y la Guardia Civil, que el martes llegaron a reclamar su dimisión por no parar lo que denominaron "caza del policía". Zoido, por la mañana, estuvo desayunando con los funcionarios en los barcos atracados en Barcelona. A ellos ya les adelantó, sin mas detalles, que el refuerzo de Policía y la Guardia Civil se quedará en Cataluña "todo el tiempo que sea necesario para seguir garantizando el cumplimiento de la ley". El ministro insistió en que el Gobierno "no tolerará que se fomente el odio contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, precisamente cuando están en Cataluña para defender todo aquello con lo que sus agresores quieren acabar: la libertad".