Rajoy asume la responsabilidad total de su gestión de la crisis catalana

Mariano Rajoy ha asumido en público esta semana que la responsabilidad de gestionar la crisis institucional abierta en Cataluña es enteramente suya. «La decisión —trasladó el jueves— me corresponde a mí». Es el reconocimiento de la tarea que se le encomienda como presidente del Gobierno, pero también la asunción de las consecuencias políticas que se deriven de sus resoluciones. Rechazar o no una mediación; abrir la vía del diálogo discreto o suspender los cauces de comunicación hasta que se corrija el rumbo en la Generalitat; confiar en que la solución se alcance por la vía judicial o explorar desde el poder ejecutivo otras opciones; o incluso activar el artículo 155 de la Constitución o encontrar alternativas. Todo entraña ventajas e inconvenientes. Y dicen en la Moncloa que no se quiere dar un paso en falso. Que se confíe, en definitiva, en el buen hacer de Rajoy.

El Ejecutivo ha intentado contrarrestar la impresión de inacción que ha vuelto a instalarse al observar la forma de proceder del presidente. Se recuerda que el Gobierno puso en marcha la maquinaria, imparable para bien o para mal, del Estado de derecho al recurrir en los tribunales cada acto administrativo y con visos de inconstitucionalidad de las fuerzas independentistas. Que al mismo tiempo se resolvió reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para dotar a este órgano de capacidades ejecutivas —imposición de multas o suspensión de cargos públicos— para garantizar que sus resoluciones se cumplen. Y que se intervinieron las cuentas de la Generalitat.

Pero, pasado el 1 de octubre y no habiéndose logrado poner fin a la tensión que amenaza con ruptura, voces de distinto signo político presionan al Gobierno para que aplique el artículo 155 de la Constitución y se adentre en el territorio desconocido de la suspensión de la autonomía catalana.

Hace años que catedráticos especializados en Derecho Constitucional se refieren a este precepto de la Carta Magna como la bala de plata de un Gobierno para resolver un conflicto cuando la situación ya es irreversible. Sin desarrollo legal, sin embargo, en la Moncloa a estas alturas siguen advirtiendo de que comporta riesgos que deben ser tenidos en cuenta antes de su aplicación. «Porque después del 155 ¿qué?», repiten cargos del Ejecutivo.

Otras posturas

Ciudadanos ha hecho una apuesta por el discurso de que todo aboca a la activación de este artículo, pero con el objetivo de que se asuman las competencias del presidente catalán y se convoquen de inmediato elecciones en la comunidad autónoma. Fuentes del PP, sin embargo, ven en los liberales desde hace tiempo ansias de comicios y temen que la insistencia de Albert Rivera haya abierto una brecha ya en el partido conservador. Dirigentes del PP formados en Derecho sostienen que esa interpretación del 155 que permitiría llamar a las urnas está «muy forzada». Tampoco expertos constitucionalistas del PSOE comparten que el controvertido apartado de la Carta Magna esté previsto para la disolución del Parlamento autonómico ni que tenga como objeto la convocatoria electoral. En todo caso, argumentan que «ahora mismo una medida tan extrema no tendría sentido».

Pero más allá de la propuesta de Ciudadanos, entre los populares se ha abierto el debate sobre si conviene proceder ya con toda la fuerza legal sin esperar a que los secesionistas muevan ficha.