La Fiscalía gana tiempo en la causa por sedición

La Audiencia Nacional vivió el pasado viernes una situación rocambolesca en la causa por un delito de sedición contra el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, su intendente Teresa Laplana y los líderes de las plataformas Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. La escena la protagonizó la Fiscalía del tribunal central, que lleva en solitario el peso de la acusación -a la espera de la admisión de varias personaciones como acusación popular- tras presentar una denuncia el 22 de septiembre por los incidentes que tuvieron lugar en Barcelona dos días antes, mientras tenían lugar los registros y las detenciones de la 'operación Anubis' contra el supuesto núcleo organizador del referéndum suspendido del 1 de octubre. En esta ocasión, el mantra habitual de que los tiempos de la justicia no son los de la política, utilizado en muchas ocasiones por los actores judiciales para reforzar la independencia de este poder del Estado, quedó sin efecto por una serie de acontecimientos que pocas veces se han visto en la Audiencia y cuya única explicación se encuentra en el devenir del proceso independentista en Cataluña, que afronta su punto culminante esta semana a partir del pleno que se celebrará mañana en el Parlament.

A la espera de si el presidente Carles Puigdemont anuncia la llamada declaración unilateral de independencia y la presidente de la cámara catalana, Carme Forcadell, autoriza someterla a votación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió ganar tiempo el pasado viernes en la causa por sedición antes de tomar una decisión sobre la situación personal de los cuatro investigados, que se fueron del juzgado sin medias cautelares al no pedirlas los acusadores. Ello, pese a que estamos en un procedimiento en el que se investiga un delito grave, penado con entre ocho y 15 años de prisión a quien promueva el alzamiento colectivo contra la autoridad, el orden público o la disciplina. En el caso de los hechos acontecidos el 20 y 21 de septiembre, por las concentraciones tumultuarias ante sedes de la Generalitat con el fin de impedir el trabajo de la comisión judicial. En suma, por no acatar el mandato del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

Paseíllo, foto y suspensión

La secuencia de hechos del pasado viernes se escribió así. Una vez que tres de los cuatro investigados hicieron el llamado "paseíllo" en el tribunal central -la intendente Laplana compareció por videoconferencia por causas médicas-, la juez instructora Carmen Lamela dio comienzo a las declaraciones. El primer interrogatorio fue el de la citada agente. Entonces, para sorpresa de los abogados defensores y de la propia magistrada, el teniente fiscal Miguel Angel Carballo propuso suspender las comparecencias. Justificó que "esa misma mañana" -las citaciones comenzaron a las 9:00- le había llegado un informe de la Guardia Civil sobre la investigación. Razonó que este documento incluía más indicios contra los encausados y ampliaba las pesquisas por sedición, y quizá por nuevos delitos como desobediencia, hasta la celebración del referéndum del 1 de octubre. Así, "para evitar posibles nulidades" en el procedimiento, el fiscal pidió la suspensión. Sin embargo, la juez rechazó la solicitud porque consideraba que la Fiscalía había aportado ya suficientes indicios como para interrogarles.

Pillados a pie cambiado, los abogados defensores rechazaron contestar al fiscal. En cambio, Trapero sí lo hizo por espacio de una hora, aunque su versión "exculpatoria" sobre el papel de la policía catalana no convenció al Ministerio Público, que sí interrogó al 'mayor' de los Mossos pero que, en cambio, no pidió para ninguno medidas cautelares pese a la gravedad del delito y la posible reiteración delictiva. Así las cosas, el viernes hubo foto y poco más a la espera de lo que ocurra mañana en el Parlament. Porque la Fiscalía ya dijo que volverá a pedirá esta semena la citación de los investigados, y quizá de alguno más, cuando analice el oportuno informe policial. Entonces, con el panorama político más aclarado, ya resolverá qué cautelares (podría llegar hasta la prisión preventiva) pedirá a la juez.