Rajoy da una semana a Puigdemont para que impida la aplicación del artículo 155
El presidente catalán tiene hasta el lunes para precisar si ha declarado la secesión y rectificar antes del jueves.
Rajoy, aplaudido por los diputados de su grupo tras su intervención de ayer en el pleno del Congreso. JAVIER LIZON
Nuria Vega | Madrid
No hay más margen de maniobra. El burofax con la firma de Mariano Rajoy que a media tarde llegó al Palau de la Generalitat concede una semana de plazo a Carles Puigdemont para precisar si él o cualquier otra autoridad ha proclamado ya la independencia de Cataluña y, en caso afirmativo, rectificar el rumbo. De no ser así, concluido el ultimátum, el Gobierno tocará la puerta del Senado para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. «La respuesta que dé el presidente catalán, marcará el futuro de los acontecimientos», advirtió el jefe del Ejecutivo en una comparecencia extraordinaria.
En la Moncloa tuvieron la sensación de que habían superado «el vértigo». La vía que hoy abrió el Consejo de Ministros, en principio, no es reversible. El requerimiento que Rajoy envió a Puigdemont es el paso previo que establece la Constitución antes de que el Ejecutivo acuerde adoptar todas las medidas necesarias para «garantizar el orden constitucional, la convivencia y el normal funcionamiento de las instituciones». Sin desarrollo legal, el abanico de posibilidades al amparo del 155 es amplísimo. Tanto que el presidente prometió ser «prudente».
Este precepto de la Carta Magna señala el camino de una intervención parcial o total de la autonomía al reconocerle al Gobierno la capacidad de «dar instrucciones a todas las autoridades» de una comunidad y de obrar para que esta cumpla sus obligaciones. Es, en definitiva y según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el «último recurso» del Estado ante un «incumplimiento contumaz». Algo que el Ejecutivo detecta en la forma de proceder no sólo de la Generalitat, también del Parlamento de Cataluña.
Algunos detalles
En los siete folios del requerimiento se repasan las decisiones de las fuerzas secesionistas que durante este tiempo han contravenido la legalidad. Las normas de desconexión aprobadas el 6 y 7 de septiembre, la determinación de celebrar el referéndum del 1 de octubre pese a su suspensión o la vulneración de las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como las derivadas de todo ello, figuran en el escrito. «La actuación del presidente, de la Generalitat y de la mayoría no cualificada del Parlamento de Cataluña se ha apartado con tal intensidad del cumplimiento de sus obligaciones que, de no ser atendido este requerimiento, supondría un grave riesgo para el mantenimiento del orden constitucional», se argumenta en el documento que también deberá ser comunicado a la presidenta dela Cámara, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa por si la ruptura con España se hubiese certificado en este escenario. Siendo así, Puigdemont se enfrenta a dos plazos. El primero concluye el lunes 16 de octubre a las diez de la mañana. A esa hora, el presidente de la Generalitat deberá haber aclarado si cualquier autoridad de la Generalitat, o él mismo en el pleno del pasado martes, ha procedido a declarar la independencia. Al margen de si está o no en vigor.
La pregunta sólo podrá ser respondida con un sí o con un no. Todo lo demás, incluida la ausencia de pronunciamiento, será entendido como una confirmación de que se ha proclamado la secesión. A partir de ese momento se activa el segundo plazo. Puigdemont tendrá hasta el jueves 19 de octubre a las diez de la mañana para revocar la declaración de independencia y ordenar el cese de cualquier actividad dirigida a la culminación del «proceso constituyente» de una república. En otras palabras, que frenar el 155 está ya sólo en manos el presidente de Cataluña. «Deseo fervientemente que acierte en su respuesta», trasladó Rajoy en el pleno vespertino del Congreso sobre Cataluña. Un mínimo de generosidad El presidente reclamó a Puigdemont «un mínimo de generosidad» y al PDeCAT, el retorno al catalanismo «pactista e integrador» que en otros tiempo representó CiU. Fuentes de la Moncloa no dan por perdida la batalla y sostienen que aún detectan en la Generalitat síntomas de que la rectificación es posible. «De lo contrario -defienden-, no habríamos tomado esta decisión».