La Fiscalía se queda a la espera

La confusa declaración de Carles Puigdemont el martes en el ‘Parlament’ no solo ha provocado que el Gobierno le pida aclaraciones, sino que también, de facto, ha paralizado las acciones penales que la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado tenían diseñadas para el caso de que el ‘president’ proclamara la independencia formal de Cataluña. Según confirmaron ayer tanto fuentes del Ministerio Público como de los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia, la orden en las últimas horas es esperar a que Puigdemont responda. La estrategia de la acusación pública y la Abogacía del Estado —apuntaron estas mismas fuentes— es «acompasar» los pasos judiciales a los movimientos políticos (y también «formales») que dé el jefe del Ejecutivo catalán.