Rajoy advierte a Puigdemont de que la ‘burla’ tiene como fecha límite el jueves

paula de las heras | madrid

La cuenta atrás para que el Gobierno aplique, por primera vez en la democracia, el artículo 155 de la Constitución sigue corriendo. Carles Puigdemont podría haber parado este lunes el contador con un ‘no’ claro y rotundo a la pregunta que el pasado miércoles le planteó formalmente por escrito Mariano Rajoy -la de si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña- pero no lo hizo. El presidente autonómico respondió ayer, casi al límite del plazo, al requerimiento hecho por el Ejecutivo con una misiva en la que persiste en una descripción ambigua del estadio en el que se encuentra el proceso secesionista. Y desencadenó la última advertencia de la Administración central.

El Ejecutivo ya había advertido de que todo lo que fuera una reiteración del discurso que el pasado 10 de octubre pronunció Puigdemont ante el Parlament haría que se pusieran en marcha los trámites constitucionales que permiten la intervención total o parcial de una autonomía a fin de obligar a sus autoridades al «cumplimiento forzoso» de sus obligaciones; trámites que comienzan, precisamente, con una exigencia explícita y oficial al ‘rebelde’ para se atenga a la ley. Ahora, el gobernante catalán tiene hasta el jueves a las diez de la mañana para rectificar.

«Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere», reclamó a Puigdemont el presidente del Gobierno en una nueva notificación. Si no lo hace, Rajoy solicitará al Senado permiso para adoptar las medidas que puedan ser necesarias para restituir el orden constitucional en Cataluña. Y lo obtendrá porque el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara alta, pero, además, porque cuenta de antemano con el apoyo firme del PSOE.

Lo que el Gobierno no quiere aclarar todavía es el alcance de esa eventual decisión. Entre otras cosas, porque es consciente de que lo que está planteando Puigdemont con sus recientes vaivenes es una batalla para ganarse la simpatía de la opinión pública internacional, ante la que se presenta como el líder de una sociedad oprimida frente a un Estado autoritario. Así que lo que ahora interesa subrayar a Rajoy es que, lejos de un «conflicto histórico», lo que existe en Cataluña es un «conflicto de legalidad». Que no es él el que pone obstáculos al diálogo.

En su respuesta a la carta del presidente de la Generalitat, de hecho, el jefe del Ejecutivo recuerda que se ha abierto un cauce en el Congreso de los diputados para la discusión de las demandas de los independentistas: la comisión de estudio del sistema territorial que debería anteceder a una ponencia para la reforma constitucional, según acordó con el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. «Este marco es el mejor y más adecuado para el diálogo que usted reclama», alega.

Las esperanzas de que Puigdemont dé marcha atrás son escasas, tanto en el Ejecutivo como en el PP, pero fuentes del partido gubernamental remarcan que las connotaciones del artículo 155 y la complejidad de su ejecución son de tal calibre que conviene ir paso a paso para dejar que las cosas se asienten. Dicho de otra manera, para que quede claro, en España y en el mundo, que si el Gobierno ha optado por una solución tan drástica no es por voluntad propia sino porque no se le ha dejado otra opción.

«Nadie ha tenido tan fácil una respuesta y nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución», instistió desde La Moncloa la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, en alusión a Puigdemont y al temido precepto. «Está en su mano evitar que se den los siguientes pasos».

De momento, el presidente catalán, enormemente presionado por sus socios de la CUP, su propio partido, y las organizaciones civiles favorables a la secesión, sólo se ha atrevido a insistir en la idea de que la independencia ha quedado congelada durante dos meses (esta vez sí acota los plazos) para dar «una oportunidad» a la negociación con el Ejecutivo. Pero no una negociación para evitar la ruptura sino sobre los instrumentos a través de los cuales sería posible materializarla.