Diario de León

Pastas Gallo y La Bruja de Oro se van a Córdoba y Navarra

Durante el mes de octubre casi 700 empresas catalanas han abandonado la comunidad.

El dueño de La Bruja de Oro, Xavier Gabriel, delante de la administración de loterías. ARTURO CARNE

El dueño de La Bruja de Oro, Xavier Gabriel, delante de la administración de loterías. ARTURO CARNE

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j. m. c. / d. g. | madrid / bilbao

Los empresarios catalanes siguen sin ver luz al final del camino del independentismo y ante la duda continúan el traslado de sus empresas a otras comunidades autónomas ajenas a Cataluña. Las hay de todos los tamaños y sectores de actividad, y cada una se escuda en su propia experiencia para tomar esa decisión.

Entre otras muchas decenas de sociedades, ayer anunciaron el cambio de sede social otros dos emblemas comerciales catalanes. Por una parte, la firma Pastas Gallo ha fijado su domicilio social a la localidad cordobesa de El Carpio. Allí es donde cuenta con una de sus tres grandes fábricas en España, además de las de Granollers y Esparraguera (Barcelona). El grupo, que ha tomado esa decisión ante la incertidumbre generada tras el referéndum del 1 de octubre, reconoce que necesita operar en un ambiente de estabilidad y que la definición de Cataluña en el entorno europeo es «decisiva» para su posicionamiento corporativo.

Por otra parte, La Bruja de Oro de Sort (Lérida), una de las administraciones de loterías más conocidas, ha fijado su sede social en Pamplona (Navarra) y la fiscal en Madrid. Su propietario, Xabier Gabriel, reconoce que lo ha hecho «después de 20 días de amenazas y una campaña de persecución». «Uno ya se encuentra mal y no le queda más remedio que tomar determinadas decisiones. He ido acumulando tensión y al final he estallado», después de aguantar «tantos insultos», admite. Los sectores independentistas se han volcado en su contra, al criticar la deriva que estaba tomando todo el proceso. Xabier Gabriel anticipa que «la gente lo va a echar todo a perder», después de que la región llegara a ser «el motor» de la economía. Ni siquiera descarta cerrar su administración y anticipa: «No tengo ganas de seguir invirtiendo» en un lugar como Cataluña.

Por otra parte, Moody´s ha lanzado una nueva advertencia sobre el proceso independentista al afirmar que el fortalecimiento económico de España se podría estancar si la situación política actual perjudicara la confianza de los consumidores y de las empresas. La firma de ‘rating’ considera que, por ahora, hay pocos indicios de que se vea afectada la confianza de los inversores en relación a la deuda soberana española.

Casi 700 empresas catalanas han abandonado ya la comunidad, al menos jurídicamente, durante el mes de octubre, al recrudecerse el conflicto en Cataluña, según los datos del Colegio de Registradores, una cifra que aumenta por decenas día tras día. De hecho, «en los nueve primeros meses de este año ha habido menos salidas que en los últimos diez días», indican desde el organismo. En este mismo periodo, solamente han sido 38 las firmas que han instalado su sede social en la región.

Pago de nóminas

Un documento incautado en los registros previos al referéndum del 1-O reconoce que Cataluña podría tener dificultades para pagar las nóminas de declararse la independencia, se vería obligada a retrasar los pagos a proveedores e intentaría buscar un sistema para trasladar las cuentas a París.

Así aparece reflejado en un documento que fue intervenido por la Guardia Civil en el registro del despacho del secretario de la Hacienda Catalana, Josep Lluís Salvadó, el pasado 20 de septiembre, que adelantó La Vanguardia .

Este documento de dos hojas manuscritas, cuya autoría y fecha de elaboración se desconoce, hace referencia a medidas económicas en caso de una declaración de independencia y en dos escenarios que denominan de «guerra» uno y de «guerrilla» otro.

De acuerdo con esos documentos, en el escenario de «guerra» consideran que el Tribunal Constitucional (TC) actuaría contra los máximos responsables de las instituciones catalanas y que el Estado asumiría el control de la autonomía, cortando el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Dentro del escenario que califican de «guerrilla», el documento fecha en julio de 2018 el punto «crítico» en el que se encontrarían las finanzas catalanas.

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