El Gobierno responsabiliza en exclusiva a Puigdemont de la situación de crisis en Cataluña
La ventana abierta a lo largo de la mañana a una convocatoria electoral se cerró de golpe a las cinco de la tarde. Y con la confirmación de que Carles Puigdemont no llamaría hoy a las urnas, el Gobierno se precipitó a responsabilizar por completo de la crisis en Cataluña al presidente de la Generalitat. Los esfuerzos se centraron en poner el foco en el independentismo y echar por tierra el argumento de la inflexibilidad de la Moncloa. Pese a que el artículo 155 de la Constitución se activó el pasado sábado, fuentes gubernamentales insisten en que los dirigentes catalanes siempre tuvieron en sus manos la vuelta a la legalidad, una circunstancia que habría frenado la intervención de la autonomía.
Si para el Gobierno la prioridad es «restaurar el orden constitucional» en Cataluña, no resulta menos importante dejar constancia de que Puigdemont ha desaprovechado «todas las oportunidades» puestas a su disposición y dar la batalla tanta veces perdida del relato frente al secesionismo. La vicepresidenta compareció hoy en la comisión articulada en el Senado para el estudio del 155 y recordó que el líder autonómico no quiso virar con el requerimiento que se le hizo llegar ni accedió a comparecer en la Cámara alta. No se detuvo en la contundencia mostrada por el Ejecutivo esta semana al descartar que la mera convocatoria de elecciones sirviera para frenar el 155. Soraya Sáenz de Santamaría insistió en que nada ha acontecido desde el Consejo de Ministros que puso en marcha el procedimiento, que siempre se ha tratado de negar la declaración unilateral de independencia y retornar «simplemente» a la legalidad. «Desde el sábado no ha pasado nada relevante, desde entonces no ha habido más que ruido, sólo ruido y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estando», advirtió con una llamada a que cada uno asuma su responsabilidad.
Al Gobierno le molestó especialmente que Puigdemont apuntara que no se han dado «garantías» de que los comicios autonómicos se pudiesen celebrar con «absoluta normalidad». Si se trataba de una acusación velada al Ejecutivo, fuentes gubernamentales descartan que ellos tuvieran que dar «garantías» de nada y renuncian a buscar explicaciones a los cambios de criterio de Puigdemont.
Durante la mañana, en la Moncloa creyeron tener la certeza que el presidente catalán tenía preparado el decreto de convocatoria de elecciones. La prudencia y el silencio se impusieron en el Gobierno a la espera de una declaración institucional que fue retrasándose durante horas en el Palau de la Generalitat. Cargos del PP trasladaron que la colocación de las urnas sería bien recibida, sobre todo si estuviese acompañada de un compromiso de restauración de la legalidad, que es lo que persigue, incidieron, la aplicación del 155 de la Constitución.
Algunas voces del Ejecutivo ya habían dejado entrever a lo largo de la semana, y siempre en privado, que en el caso poco probable de unos comicios autonómicos que respetaran el Estatuto y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, habrían estado dispuestos a ser flexibles. Pero nadie lanzó ayer las campanas al vuelo.