Un Parlament fracturado declara la independencia
Un Parlament partido por la mitad, con los votos secretos de Junts pel Sí y la CUP, la ausencia de la mayoría de grupos de la oposición y en un clima de máxima tensión, ha declarado este viernes la independencia de Catalunya. "Declaramos que Cataluñaa se convierte en un estado independiente en forma de república", proclama la resolución conjunta que ambos grupos han impulsado, y que insta al Govern a desplegar la ley de transitoriedad jurídica, anulada por el Tribunal Constitucional.
La proclamación de la independencia ha salido adelante por 70 votos a favor (presumiblemente de Junts pel Sí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó), 10 en contra (Catalunya Sí que es Pot) y dos en blanco. Ciutadans, PSC y PP han abandonado el hemiciclo para no participar en una votación que dará pie a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuyas medidas aprueba el Senado este mismo viernes.
Junts pel Sí ha solicitado que el texto se votase por llamamiento y en urna, de manera que no pudiera saberse el sentido del voto de cada diputado. Además, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha leído antes de la votación la parte expositiva de la resolución, que incluía la declaración de independencia. Algunos parlamentarios de Catalunya Sí que es Pot han mostrado su papeleta con el 'no' antes de introducirla en la urna.
La votación ha sido el colofón a otra accidentada jornada parlamentaria, no exenta de tensión, aunque eso sí, lejos de la del pleno del 6 y 7 se septiembre. Como ya ocurrió el jueves, este viernes , en el turno del debate sobre las propuestas de resolució que presentaron los grupos, Carles Puigdemont tampoco se puso frente al atril, impidiendo, así, que el resto de presidentes de grupo, es decir, los primeras espadas, pudieran intervenir.
Planteada así la partida, fueron las segundas voces de los partidos los que protagonizaron un debate con la aridez habitual. Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PP, con matices, arremetieron contra la aprobación de la resolución independentista. Los grises los introdujeron la ‘común’ Marta Ribas y la socialista Eva Granados, que también atacaron la simultánea aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Eso sí, Granados echó la culpa de que el Estado se arme para una intervención de las instituciones catalanas a la vulneración de la ley por parte de la trinchera independentista.
La resolución de la DUI reproduce íntegramente la "declaración de los representantes de Catalunya" que Junts pel Sí y la CUP suscribieron el pasado 10 de octubre, tras la suspensión de la DUI por parte del 'president' Carles Puigdemont. Pero ambos grupos han incluido un último epígrafe para declarar la independencia de Catalunya. Otro de los puntos del preámbulo reza así: "Constituimos la república catalana como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".
Fuentes de Junts pel Sí han argumentado que la declaración de independencia "ya la votaron los ciudadanos" el pasado 1 de octubre, por lo que la parte de la resolución que se vota simplemente despliega los "efectos" de esa declaración.
Nueva legalidad catalana
Entre los puntos de la resolución que sí se votan, el Parlament insta al Govern a aprobar todos los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que crea un nuevo marco legal catalán-, empezando por la "expedición a la ciudadanía" de los documentos de identidad catalanes.
Se propone impulsar un "tratado de doble nacionalidad" con el Gobierno de España, promover "ante todos los estados e instituciones el reconocimiento de la república catalana" y establecer el "régimen de integración en la administración de la Generalitat" de todos los funcionarios -salvo que renuncien a ello- que hasta ahora prestaban sus servicios en la administración general del Estado en Cataluña.
Se insta a adoptar las medidas necesarias para el "ejercicio de la autoridad fiscal, de la seguridad social, aduanera y catastral" y para la creación de un "banco público de desarrollo al servicio de la economía productiva", así como de un "Banc de Catalunya, con las funciones de banco central".
Negociar con España
La resolución también plantea "abrir un periodo de negociaciones con el Estado español" para abordar la "sucesión del estado catalán mediante un acuerdo, en derechos y obligaciones de carácter económico y financiero". Asimismo, llama a "elaborar un inventario de bienes de titularidad del Estado español, radicados en el territorio nacional de Catalunya, a fin de hacer efectiva la sucesión en su titularidad", y a "elaborar una propuesta de reparto de activos y pasivos entre el reino de España y la república de Cataluñaa".
Por otra parte, el texto pide al Parlament abrir una "comisión de investigación para determinar las responsabilidades" del Gobierno central "en la comisión de delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, individuales y colectivos" para evitar que el 1-O se celebrara el referéndum. Esta comisión estaría formada por diputados y expertos, personal de la Oficina Antifrau, de la Sindicatura de Greuges y de la abogacía catalana, además de representantes de organizaciones internacionales.
Elecciones sin plazo
En una segunda resolución que también se ha aprobado, Junts pel Sí y la CUP proponen abrir un "proceso constituyente" liderado por la sociedad civil, para el que serían creados un consejo asesor y una plataforma promotora, que culmine en unas "elecciones constituyentes" que den paso a la ratificación de una constitución catalana. El texto no fija plazo alguno para la convocatoria de esos comicios, que la ley de transitoriedad establecía en seis meses.