Montoro pide que el Govern cesado pague de su bolsillo el referéndum
Hacienda pide al Tribunal de Cuentas que cuantifique el dinero público empleado el 1-O. El ministerio reclama que se investigue el uso de fondos públicos derivados a las organizaciones ANC y Omnium
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raul Romeva, en un viaje a Bruselas para dar una conferencia en enero del 2017.
El Ministerio de Hacienda ha solicitado al Tribunal de Cuentas que cuantifique el importe de los "daños" causados para el dinero público por la convocatoria y posterior celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Hacienda solicita además, que se identifique al entonces Govern de Cataluña "como responsable de los daños causados al erario público" y que en consencia se le reclame a sus miembros que paguen de su bolsillo las cantidades "tras el correspondiente procedimiento de responsabilidad contable de las indemnizaciones procedentes".
La exigencia de estas posibles responsabilidades también se extienden a las asociaciones Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC) en tanto que subvencionadas con dinero público.
DENUNCIA
Así figura en el texto de una denuncia de 23 páginas presentada por el ministerio que dirige Cristóbal Montoro ante el Tribunal de Cuentas el pasado 20 de octubre, unos días antes que Mariano Rajoy cesara al Govern presidido por Carles Puigdemont al amparo del artículo 155 de la Constitución, el 27 de octubre. La denuncia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO está firmada por el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y dirigida al Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato.
Hacienda reclama que se tenga en cuenta "el papel principal llevado a cabo en la organización, promoción y presunta financiación de la actuación ilegal del denominado “referéndum del día 1 de octubre” por parte de las organizaciones Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), que, según el Ministerio "puede implicar el empleo de fondos públicos, de los cuales se nutre sus presupuestos, para la realización de actividades ilegales o contrarias a las resoluciones de los Tribunales". Así se pide al Tribunal de Cuentas "que se inste a las mismas a los efectos de que definan la financiación que reciben con origen público y el destino empleado con la misma".
CUANTIFICAR LOS COSTES
En el relato de los hechos, el ministerio de Hacienda apunta como posibles gastos de dinero público los incurridos en la compra de urnas, papeletas, publicidad y cartelería, los necesarios para el pago de observadores internacionales o los de carácter informático. "A lo anterior hay que sumarle el coste del transporte a los colegios electorales teniendo en cuenta que se trata de un reparto a 2.315 colegios", se afirma en el escrito. "Además debe tenerse en cuenta el empleo de la infraestructura de 2315 colegios debe ser cuantificado el coste derivado de los servicio que deben atenderse en el mismo estos es los costes de agua, luz, telefonía, limpieza y gastos de personal", se añade.
Para la cuantificación de estas partidas se recuerda existe un procedimiento por malversación de caudales públicos abierto ante el tribunal Superior de Justicia de Cataluña "por lo que, en su caso, procedería reclamar del mismo las actuaciones practicadas para delimitar los daños y las personas responsables y fijarse así en eventual importe de las indemnizaciones" que pudieran ser exigibles tanto al Govern como las entidades Omnium Cultural y ANC.
EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES
"En definitiva -resume el propio texto del escrito- es objeto de la presente denuncia ante el Tribunal de Cuentas el que se proceda a la definición de las responsabilidades que corresponda exigir a todos los miembros del Gobierno de Cataluña, así como a los responsables de las organizaciones denominadas Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana por su actuación de dotación de medios humanos y materiales, organización y promoción del denominado “referéndum” del día 1 de octubre lo cual es evidente a la vista del relato de hechos efectuado así como de la voluntad directa y conscientemente decidida al empleo de los medios y recursos públicos para un fin manifiestamente ilegal".
Para conocer el origen y destino de los fondos con los que se financian las organizaciones Omnium Cultural y ANC, se solicita al Tribunal de cuentas que requiera información a las entidades de crédito que hayan ejecutado sus órdenes de pago o transferencias.