La fiscalía pide prisión para Forcadell y otros tres miembros de la Mesa

El acatamiento del 155 de la Constitución y declarar que la declaración unilateral de independencia fue "declarativa y simbólica" no ha sido suficiente para la fiscalía, que ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que decrete prisión incondicional para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el portavoz de Junts Pel Sí, Lluís Coromina, Anna Simó y Lluís Guinó. En la decisión de la fiscalía ha pesado la reiteración delictiva de los cuatro y en el caso de la primera que la considera la "ideóloga de la secesión".

Tras conocer la petición fiscal varios han renunciado expresamente "a las actividades delictivas", lo que, según fuentes jurídicas, puede pesar en el ánimo del magistrado instructor, Pablo Llarena, a la hora de decretar la prisión solicitada por el ministerio público. Coromina y Guinó renunciaron al uso de vías unilaterales en el turno de última palabra que les concedió el juez al acabar la vistilla. Ramona Barrufet también lo hizo, pero durante su declaración. 

Gracias a la contundencia que la secretaria cuarta de la Mesa utilizó a la hora de declarar, cuando llegó a afirmar que el referéndum del 1-O fue "ilegal", la fiscalía pidió que pueda evitar la prisión pagando una fianza de 50.000 euros. Para Joan Josep Nuet, los fiscales solo han solicitado comparecencias, sin especificar la periodicidad, por lo que quedará en libertad cuando acabe la vistilla. 

Durante la vistilla, el ministerio público ha reclamado que los seis imputados hagan efectiva la fianza solidaria de responsabilidad civil por 6,2 millones que solicitaba en su querella. Es la misma cantidad que planteaba en la presentada en la Audiencia Nacional. Cuando ambas causas se acumulen en el Supremo esa cantidad será la que tendrán que aportar los 20 imputados por rebelión.

Al terminar las declaraciones, los cuatro fiscales que intervinieron -la exfiscala general del Estado Consuelo Madrigal, el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y los fiscales del Supremo Jaime Moreno y Fidel Cadena- se reunieron para valorar los matices que cada imputado había incluido en su declaración y así determinar qué medida cautelar debían solicitar para cada uno de ellos.   

A falta de lo que decida el juez Llarena, la estrategia de Forcadell de desmarcarse de lo hecho por los exmiembros del Govern que acabaron en prisión por decisión de la jueza Carmen Lamela no ha surtido el éxito previsto. Ella había optado por responder a las preguntas del ministerio público en relación con el delito de rebelión que se le imputa y por acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, informaron fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes señalaron que la presidenta del Parlament explicó que la declaración de independencia aprobada el pasado 27 de octubre fue "declarativa y simbólica". Por si aún así había dudas, añadió que "no tuvo validez jurídica". En esa explicación, con unas u otras palabras, coincidieron los demás miembros de la mesa del Parlament que han declarado hasta ahora ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. 

Durante las declaraciones los representantes del ministerio fiscal incidieron en la violencia. Todos los imputados señalaron que solo utilizaron vías pacíficas y se desvincularon de cualquier acto violento que se hubiera podido producir.

De todos los citados este jueves en el Supremo Forcadell es la que se encuentra en una situación más delicada, no solo por su superior responsabilidad en la Cámara autonómica, sino también porque este miércoles el Tribunal Constitucional la denunció por cuarta vez por desobediencia reiterada a sus resoluciones. Precisamente, este mismo viernes el magistrado Llarena reclamó al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el procedimiento en el que se la investiga, junto con los otros miembros de la Mesa, por desobediencia y prevaricación.

Sin poder impedir votaciones

Desde el entorno de presidenta del Parlament se informó de que, ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, Forcadell defendió que siempre ha permitido el debate sin prejuzgar el resultado ni controlar su contenido para preservar la actividad parlamentaria y el debate libre.

Entre sus funciones como presidenta está la defensa de la soberanía del Parlament y los derechos fundamentales y la libertad de expresión de los diputados. Destacó que siempre se han utilizado vías pacíficas y sostuvo que no tiene libertad para impedir las votaciones y defendió que el Tribunal Constitucional no puede actuar como si se tratase de una censura previa, sino que solo lo puede hacer a posteriori.  

La comparecencia de Forcadell se prolongó durante más de dos horas. Despues le tocó el turno al portavoz de Junst pel Sí, Lluís Corominas. El exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament siguió el ejemplo de la presidenta, en su caso, durante unos 50 minutos, y también contestó a los fiscales. Detrás de él entró en la sala Lluís Guinó, al que siguió Anna Simó y Ramona Barrufet. El último en declarar fue Joan Josep Nuet.

En la querella fiscal ya se anunciaba que solicitaría la imposición de medidas cautelares, "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como las penas previstas, la contumacia de la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas".

Criterio fiscal

La fiscalía marcó su criterio en la Audiencia Nacional al solicitar prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y siete exconsellers. Todos ellos solo habían contestado a preguntas de sus defensas durante cinco minutos. Para Santi Vila, que sí contestó a fiscalía y a la magistrada Carmen Lamela, solicitó prisión pero eludible con fianza de 40.000 euros y el exresponsable de Empresa la hizo efectiva al día siguiente. Con la lección aprendida, todos los miembros de la Mesa del Parlament han optado por contestar al fiscal.

El propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, explicó en una entrevista que la fiscalía había pedido prisión incondicional para el depuesto Govern al no haber mostrado ninguno de ellos su acatamiento a la aplicación del artículo 155 y la supremacía de la Constitución. Sin embargo, en el caso de Forcadell y otros tres miembros de la Mesa no ha sido suficiente por la reiteración delictiva.