La fiscalía pide prisión para Forcadell y otros tres miembros de la Mesa
La presidenta del Parlament declara que la declaración de independencia fue "declarativa y simbólica"
El acatamiento del 155 de la Constitución y declarar que la declaración unilateral de independencia fue "declarativa y simbólica" no ha sido suficiente para la fiscalía, que ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que decrete prisión incondicional para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el portavoz de Junts Pel Sí, Lluís Coromina, Anna Simó y Lluís Guinó.
En cambio, Ramona Barrufet eludirá la cárcel. La fiscalía ha solicitado que pueda evitarla pagando una fianza de 50.000 euros. La diferencia entre ella y el resto de los miembros de la Mesa del Parlament se debe, según fuentes fiscales, a los matices que cada uno incluían en su declaración que han sido valorados por los representantes del ministerio público para solicitar la correspondiente medida cautelar. Para Joan Josep Nuet, la fiscalía no ha pedido ninguna medida de este tipo, por lo que quedará en libertad cuando acabe la vistilla.
A falta de lo que decida el juez Llarena, la estrategia de Forcadell de desmarcarse de lo hecho por los exmiembros del Govern que acabaron en prisión por decisión de la jueza Carmen Lamela no ha surtido el éxito previsto, al menos con la fiscalía. Ella había optado por responder a las preguntas del ministerio público en relación con el delito de rebelión que se le imputa y por acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, informaron fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes señalaron que la presidenta del Parlament explicó que la declaración de independencia aprobada el pasado 27 de octubre fue "declarativa y simbólica". Por si aún así había dudas, añadió que "no tuvo validez jurídica". En esa explicación, con unas u otras palabras, coincidieron los demás miembros de la mesa del Parlament que han declarado hasta ahora ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Durante las comparecencias los representantes del ministerio fiscal -con los tres primeros imputados, la exfiscala general del Estado Consuelo Madrigal y el fiscal del Supremo Fidel Cadena, y para los restantes, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y Jaime Moreno- han incidido en la violencia en sus preguntas. Todos los imputados señalaron que solo utilizaron vías pacíficas y se desvincularon de cualquier acto violento que se hubiera podido producir.
De todos los citados este jueves en el Supremo Forcadell es la que se encuentra en una situación más delicada, no solo por su superior responsabilidad en la Cámara autonómica, sino también porque este miércoles el Tribunal Constitucional la denunció por cuarta vez por desobediencia reiterada a sus resoluciones. Precisamente, este mismo viernes el magistrado Llarena reclamó al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el procedimiento en el que se la investiga, junto con los otros miembros de la Mesa, por desobediencia y prevaricación.
Sin poder impedir votaciones
Desde el entorno de presidenta del Parlament se informó de que, ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, Forcadell defendió que siempre ha permitido el debate sin prejuzgar el resultado ni controlar su contenido para preservar la actividad parlamentaria y el debate libre.
Entre sus funciones como presidenta está la defensa de la soberanía del Parlament y los derechos fundamentales y la libertad de expresión de los diputados. Destacó que siempre se han utilizado vías pacíficas y sostuvo que no tiene libertad para impedir las votaciones y defendió que el Tribunal Constitucional no puede actuar como si se tratase de una censura previa, sino que solo lo puede hacer a posteriori.
La comparecencia de Forcadell se prolongó durante más de dos horas. Despues le tocó el turno al portavoz de Junst pel Sí, Lluís Corominas. El exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament siguió el ejemplo de la presidenta, en su caso, durante unos 50 minutos, y también contestó a los fiscales. Detrás de él entró en la sala Lluís Guinó, al que siguió Anna Simó y Ramona Barrufet. El último en declarar fue Joan Josep Nuet.
En la querella fiscal ya se anunciaba que solicitaría la imposición de medidas cautelares, "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como las penas previstas, la contumacia de la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas".
Criterio fiscal
La fiscalía marcó su criterio en la Audiencia Nacional al solicitar prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y siete exconsellers. Todos ellos solo habían contestado a preguntas de sus defensas durante cinco minutos. Para Santi Vila, que sí contestó a fiscalía y a la magistrada Carmen Lamela, solicitó prisión pero eludible con fianza de 40.000 euros y el exresponsable de Empresa la hizo efectiva al día siguiente. Con la lección aprendida, todos los miembros de la Mesa del Parlament han optado por contestar al fiscal.
El propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, explicó en una entrevista que la fiscalía había pedido prisión incondicional para el depuesto Govern al no haber mostrado ninguno de ellos su acatamiento a la aplicación del artículo 155 y la supremacía de la Constitución. Sin embargo, en el caso de Forcadell y otros tres miembros de la Mesa no ha sido suficiente.