Santi Vila alega en su recurso que intentó convencer a Puigdemont de que desistiera de la DUI

El 'exconseller' de Empresa, Santi Vila, intentó convencer al cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no se votara en el Parlament el 27 de octubre la declaración unilateral de independencia (DUI), tal y como al final se hizo. Así lo expone el exalto cargo del Gobierno catalán en el recurso que ha presentado este jueves ante la sala de la Audiencia Nacional contra la admisión de la querella presentada contra el Ejecutivo autonómico por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. También ha presentado otro escrito en el que solicita que se anule la prisión con fianza de 50.000 euros que le impuso la jueza de Carmen Lamela.

El abogado de Vila, Pablo Molins, relata en el recurso contra la admisión de la querella que con posterioridad al referéndum unilateral del 1-O todas las actuaciones del 'conseller' Vilaa intentaron evita la declaración de independencia. "Así, por todos los medios posibles a su alcance, es público y notorio que el 'conseller' trató de mediar entre los dos gobiernos (el catalán y español) e intentó convencer al 'president' a fin de que no se votara en el Parlament el 27-O". En su declaración ante la jueza y como avanzó EL PERIÓDICO la semana pasada, Vila explicó que había negociado con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, aunque no quiso desvelar por "discreción política" con quién había mantenido contactos.

Los recursos recuerdan que Vila dimitió de su cargo la víspera de la votación en el Parlament y, por lo tanto, y que su "única actuación relevante" fue su participación en la aprobación de la convocatoria de referéndum en el Consell Executiu del 6 de septiembre del 2017. El abogado Pablo Molins reseña, en este sentido, que la convocatoria de referéndum se despenalizó  en el 2005. El letrado sostiene, además, que no se ha cometido rebelión, ya que, en su opinión, no supone un alzamiento público o violento (requisitos que deben darse para aplicar este delito) la realización de "movilizaciones de protesta pacíficas por parte de ciudadanos, que sólo han pretendido expresar opiniones". E incide en que los episodios "aislados" de incidentes no pueden tener cabida en el tipo penal de violencia, pues "no consta que ninguna persona fuera golpeada o maltratada" durante las manifestaciones.

Los actos reivindicativos

El abogado alega que en la querella de la fiscalía se pretende hacer responsables a los 'consellers' de cualquier acto de protesta acontecido en los últimos meses a lo largo y ancho de la geografía catalana "argumentando sin indicio alguno para sustentar semejante hipótesis que tales hechos obedecían a un plan común orquestado por los querellados para alcanzar la independencia de Caatalunya, como si ellos los hubieran organizado, preparado o alentado", cuando no ha sido así.  Sobre el delito de malversación de fondos públicos, relata que tanto el Ministerio de Hacienda, que controla las cuentas de la Administración autonómica, como la Intervenció General de la Generalitat han descartado que se usara dinero público para la consulta del 1-0. De ahí que considere injustificada la imposición al los exmiembros del Gobierno catalán de una fianza civil de 6,2 millones de euros.