'Exconsellers' presos sopesan también desmarcarse de la DUI

Los nuevos abogados de los 'exconsellers' del PDECat encarcelados se están planteando solicitar a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo (si se acumula todo en un mismo proceso) que se les cite a declarar otra vez para, en esta ocasión, responder no solo a las preguntas de sus defensores, sino también de jueces y fiscales. La intención, según las fuentes jurídicas consultadas, sería seguir los pasos en el Supremo de los miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos su presidenta, Carme Forcadell, que reconocieron que el pasado 27 de octubre no se votó en la Cámara catalana la declaración unilateral de la independencia (DUI), sino que fue un acto "político" y "simbólico" que no tiene ninguna validez jurídica.  Los militantes del PDECat Lluís Corominas, Lluis Guinó y Ramona Barrufet incidieron en que rechazaban cualquier vía unilateral para conseguir la independencia.

A la vista de la decisión del Supremo de imponer fianzas a los miembros de la Mesa del Parlament, los abogados de los ocho 'exconsellers' encarcelados por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, han comenzado a revisar su estrategia. De entrada, los afiliados al PDECat han cambiado de abogado y los nuevos defensores están estudiando la mejor manera de sacar a sus representados de la cárcel. Una opción que se baraja es que declaren de nuevo, ya que la semana pasada solo contestaron al que era su abogado y se limitaron a rechazar la violencia. La idea ha sido trasmitida algunos de los exaltos cargos investigados.

Por su parte, el abogado Andreu Van De Eyden, que defiende a Forcadell y Anna Simó en el Supremo y al exvicepresidente Oriol Junqueras y al 'conseller’ Carles Mundó en la Audiencia Nacional, ha dado otro paso adelante. Así, ha solicitado al juez del alto tribunal, Pablo Llarena, que asuma la causa que instruye la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra cesado gobierno catalán para evitar una posible “disparidad de criterios”. EL PERIÓDICO ya avanzó la semana pasada que el Supremo pretende unificar todos los procesos por rebelión.

Fianza abonada

Forcadell ha abandonado este viernes la prisión de Alcalá-Meco (Madrid) tras pagar la fianza de 150.000 euros impuestas por el magistrado del Supremo, Pablo Llarena. La expresdienta del Parlament ha permanecido  15 horas en ese centro penitenciario. La fiscalía ha anunciado que no recurrirá esta medida cautelar, ni las fianzas interpuestas a Coromina, Gudó, Barrufet y Anna Simó (ERC). El exdiputado Joan Josep Nudet quedó en libertad.

La Fiscalía General del Estado no considera que decisión del Supremo de dejar en libertad bajo fianza a la mesa del Parlament “contradiga, afecte o deslegitime" la prisión de los exmiembros del Govern acordada por la jueza de la Audiencia Nacional.  Para el ministerio público, las medidas cautelares de prisión dictadas por esta última "han sido tomadas conforme a derecho y rigurosamente fundamentadas en el evidenciado riesgo de fuga y de reiteración delictiva concurrente en los querellados en dicho procedimiento", que son "distintos" de los que concurren en los que lo son ante el Supremo. Estos negaron volver a utilizar vías unilaterales para propulsar la independencia, mientras que el depuesto Govern se limitó a contestar durante cinco minutos a sus abogados, salvo Santi Vila. 

La violencia

Los miembros de la Mesa negaron este jueves ante el juez que alentaran actuaciones violentas y recalcaron que hicieron un llamamiento a que las manifestaciones de protesta fueran pacíficas. Fuentes jurídicas han asegurado que al negar Forcadell que respaldara actuaciones agresivas, la fiscalía le preguntó: “¿Usted conoce algún Estado que haya conseguido la independencia sin el uso de la violencia?”. La presidenta del Parlament expresó que acataba la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como ya lo había expresado antes de que el Gobierno del Mariano Rajoy lo aprobara.

Uno de los motivos por los que el magistrado Llanera impuso fianzas a Forcadell y al resto de querellados "no es (solo) que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del 155 de la Constitución, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".

En este sentido, los investigados insistieron en la DUI no se aprobó. La propuesta de resolución que salió adelante el 27 de octubre exponía en su preámbulo que Catalunya “se convierte en un estado independiente en forma de república”, que no tiene efectos jurídicos. Lo que si tiene consecuencias es la parte resolutiva que instaba al Govern a aplicar la ley de transitoriedad. Antes de la votación, se leyó el preámbulo, dando a entender que se proclamaba la República Catalana.