Puigdemont y los 'exconsellers' alegarán que España les persigue por sus ideas políticas
Los cinco políticos huidos a Bélgica rechazarán en la audiencia de este viernes ser extraditados a España
Carles Puigdemont, el 7 de noviembre en Bruselas, en su encuentro con 200 alcaldes catalanes.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Antoni Comin y Meritxell Serret, están convocados este viernes a partir de las dos de la tarde ante el tribunal de Bruselas que deberá decidir si ejecuta o no la orden europea de detención y entrega cursada por la jueza Carmen Lamela. Una vista en la que el equipo de abogados rechazará la euroorden y alegará que están siendo perseguidos en España no por hechos constitutivos de delito sino por sus ideas políticas.
“Estos hechos no presentan ningún carácter delictivo. De lo que se acusa a los interesados es de haber ejecutado, como miembros del Gobierno catalán, leyes adoptadas por el Parlament”, sostiene Michele Hirsch, abogada junto con Christophe Marchand, de Comín y Serret. “Lo penal no tiene nada que ver. Se trata de hechos relevantes que corresponde dilucidar en el marco del derecho constitucional o administrativo. Por lo tanto este mandato es político y manifiestamente abusivo”, ha explicado por primera vez en declaraciones a los diarios Le Monde y Le Soir.
Hirsch ha confirmado telefónicamente a EL PERIÓDICO que son los argumentos que esgrimirá el equipo de abogados –del que también forma parte Paul Bekaert, que representa a Puigdemont y a los exconsellers del PDECat, este viernes durante la audiencia aunque no ha querido hacer declaraciones al respecto. Será a puerta cerrada y en ella comparecerán los cinco políticos catalanes juntos.
Lo primero que hará el equipo de abogados es rechazar la euroorden alegando el riesgo de vulneración de derechos fundamentales, recordando las disposiciones de la convención europea de derechos humanos y la Carta de derechos fundamentales, y subrayando que si son extraditados a España no podrán hacer campaña en las elecciones autonómicas del 21D.
“El juez belga que se ocupa de la orden española se ha convertido en el garante de las libertades fundamentales”, argumenta Hirsch. “Deberá decir si los derechos fundamentales de las personas afectadas se han o no vulnerado. Y determinar si esta orden se ha lanzado únicamente para reprimir opiniones, la libertad de asociación y el derecho a presentarse libremente a las elecciones”.
Cinco delitos por comprobar
Las autoridades españolas han solicitado la extradición en base a cinco delitos: rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia. El auto, sostienen, hace aguas por todas partes. “Nunca he visto una orden de entrega tan mal formulada, imprecisa y frágil”, opina Marchand subrayando el hecho de que la euroorden es calcada para los cinco políticos -aunque ocupaban diferentes funciones y llevaron a cabo distintas acciones- y que no incluye hechos penalmente censurables, claramente identificados e imputables a cada uno de ellos.
Según los abogados, el juez no debería tener en cuenta ni los delitos de prevaricación ni de desobediencia porque están castigados en España con una pena inferior a los 12 meses, lo que les invalida en el marco de la euroorden. La corrupción, el único de los 32 delitos previstos en la euroorden como motivo automático de entrega, no es equiparable a la malversación de fondos públicos para organizar el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. Mientras que estima que la rebelión y la sedición no pasarán la prueba del algodón judicial porque no cumplen con el requisito de la doble incriminación –que estén castigados en ambos países- ya que en Bélgica solo se contemplan en caso de que haya uso de la violencia.
El debate interno sobre Cataluña en el colegio de comisarios, secreto
La Comisión Europea no quiere que las discusiones internas del colegio de comisarios sobre Cataluña salten a la luz y se hagan públicas y ha optado por mantener el secretismo sobre el contenido de los debates celebrados tras el referéndum del 1-0 con el objetivo de proteger “la privacidad” de las reuniones y las opiniones. Por ello, las minutas de la reunión del pasado 3 de octubre, la última disponible y la primera en la que los comisarios hablaron sobre la crisis política catalana, solo incluye una breve referencia bajo el epígrafe “intercambio de opiniones sobre los recientes desarrollos políticos en España”. Es más, el documento se limita a despachar en una línea que “la Comisión ha discutido los recientes desarrollos políticos en España”. Fuentes del Ejecutivo comunitario han esgrimido que "no son discusiones públicas" y que es necesario proteger a los comisarios para que puedan hablar "con completa libertad". Aquel día estuvieron presentes en la reunión 26 de los 28 comisarios. Bruselas no ha tenido tantos miramientos en otros casos. Sin ir más lejos no tuvo problemas en hacer público el contenido de las discusiones sobre el procedimiento sancionador abierto contra España por el déficit público.