CONSECUENCIAS DEL 155
Montoro impone el bloqueo en Twitter de cuentas oficiales del Govern cesado
Hacienda pide una lista del personal destituido por aplicación del 155 para hacer los finiquitos. Tarjetas de crédito, móviles, coches oficiales y portátiles deben ser dados de baja
El ministro de Hacienda y Función Pública Cristobal Montoro.
Es difícil saber con exactitud el número de altos cargos, directivos o asesores, cesados de sus puestos a raíz de la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, el posterior cese del Gobierno y la supresión de algunos organismos autonómico de corte independentista.
Así, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en sustitución del cesado ‘vicepresident’ Oriol Junqueras, ha firmado el 16 de noviembre una instrucción por la que se ordena a la Dirección General de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña que en el plazo de 10 días hábiles remita al ministerio “la relación del personal afectado” por los ceses y el finiquito que se debe a cada uno de ellos. La citada instrucción está colgada en la página web del Ministerio de Hacienda.
Hacienda también quiere saber si algunas de las personas cesadas tienen la condición de empleados públicos de la Generalitat y si tienen o no derecho de reserva de plaza. Esta información deberá actualizarse semanalmente.
La instrucción firmada por Montoro y publicada en la página web del Ministerio pide que se detallen los servicios a los que tenían acceso los empleados cesados para que sean dados de baja. Asíse dan instrucciones para “el cierre de las cuentas oficiales corporativas de Instagram y de Twitter y cualquier otra red social del Presidente de la Generalitat y de los miembros de su Gobierno cesados y del resto de autoridades y órganos afectados por los ceses y supresiones acordadas”.
También se hace referencia a tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico, telefonía móvil, equipos portátiles y tabletas, lineas de voz y de datos domiciliarias, tarjetas de acceso y coche o residencia oficial.
El texto del ministro hace hincapié en que “deberá asegurarse la realización de una copia de seguridad completa” de los datos existentes “de cada uno de los órganos y usuarios”. Además se pide a la Dirección General de Presupuestos que informe de las medidas adoptadas para evitar ninguna indemnización o dieta a estos empleados después del momento del cese.