El Supremo frena con Puigdemont
El juez retira la euroorden de arresto contra el 'expresident' para evitar un posible correctivo de la justicia belga. El magistrado blinda la acusación de rebelión contra el huido, que será detenido en cuanto regrese a España
Jordi Turull y Josep Rull ante el cartel electoral de Carles Puigdemont
Mientras en Cataluña los candidatos, efectivos o sobrevenidos por las circunstancias, se dedican a cruzarse vetos y a detallar cómo sepultarán, modularán o remozarán el proceso independentista si de cada uno de ellos depende, la primera jornada de la campaña electoral del 21-D se ha disputado en Madrid con una toga bajo el brazo. Al anular las órdenes europeas de detención dictadas contra el 'expresident' Carles Puigdemont y los 'exconsellers' que siguen huidos a Bélgica, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha disfrazado de golpe de efecto la asunción de un posible rapapolvo de la justicia belga a su homóloga española. Sin la espada de Damocles del arresto, el candidato de Junts per Catalunya queda desguarecido del manto protector europeo, pero el Supremo se ahorra el peligro de que sus colegas de Bruselas enmienden la plana a España rebajando la gravedad de los delitos que se le imputan.
Para dar carpetazo al proceso abierto en Bélgica, el magistrado Llarena arguye su voluntad de evitar que por el hecho de haberse fugado, Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí se vean beneficiados respecto a los demás imputados en España por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Solo deja en vigor las órdenes de detención nacionales, lo que supone que todos ellos serán detenidos en cuanto pongan los pies en España, lo que pone al 'expresident' ante la tesitura de prolongar lo que él llama "exilio" por una muy larga temporada o aterrizar en Cataluña en algún momento estratégicamente propicio para sus intereses personales o los de su candidatura.
Pero la clave del golpe de efecto del Supremo, reconocido por Llanera en su auto, es que cierra la puerta a que Bélgica "deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención", es decir, limite a España los delitos por los que los fugados deberían responder ante la justicia. Para justificarse, el magistrado alega que este condicionante supondría un beneficio para Puigdemont respecto a su rival en las urnas el 21-D, Oriol Junqueras, a quien el juez acaba de alargarle la prisión preventiva. Según Llarena, una respuesta contradictoria entre tribunales distintos "introduciría perturbaciones de defensa para los investigados que sí están a disposición del Supremo, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el juez instructor contempla, colocándose así en peor derecho que quienes se encuentran fugados".
La rebelión según Bélgica
Si traducimos estos tecnicismos jurídicos, el magistrado está admitiendo implícitamente la posibilidad de que Bélgica pudiese haber extraditado a Puigdemont pero desposeído de la acusación de rebelión que pende actualmente sobre él. Un delito regulado de manera diferente en la legislación belga. De ahí que Llanera subraye que la rebelión de la que acusa al 'expresident' está "dotada de unidad jurídica inseparable", y que habría sido cometida por una "organización" con reparto de papeles.
Las órdenes de detención y entrega europea, así como las de busca y captura para ingreso en prisión se cursaron el pasado 3 de noviembre por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Pero ahora existe un nuevo escenario, en el que "los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente".
Trámites no presenciales
Sin embargo, salvo que el martirologio lo recomiende, Puigdemont y el resto del ex-Govern huido no tienen por qué acudir al Parlament tras las elecciones. La legislación electoral y el reglamento de la Cámara catalana permite delegar trámites como la recogida del acta de diputado, la presentación de la declaración de bienes y actividades y la jura o promesa de la Constitución y el Estatut.
Cosa distinta es que su ausencia del hemiciclo impedirá a Puigdemont presentarse a una hipotética investidura y participar en cualquier votación, mermando así la fuerza de Junts per Catalunya. El abogado flamenco del 'expresident' y antiguo letrado de la banda terrorista ETA, Paul Bekaert, ha insistido en que Puigdemont no tiene intención de regresar a Catalunya en breve, pero su abogado en España, Jaume Alonso Cuevillas, ha dejado abierta la puerta a que sí se presentar en su colegio electoral el 21-D. Por lo pronto, el candidato de JxCat y sus 'exconsellers' dejarán de estar vigilados por las autoridades belgas por petición de la fiscalía.
La decisión del Supremo ha marcado una primera jornada de campaña en la que varios de los 'exconsellers' del Govern que fueron excarcelados han protagonizado actos de campaña de sus respectivas candidaturas. Carles Mundó se sumó a la campaña de ERC ya desde el mismo pistoletazo de salida, y este martes se han sumado los posconvergentes Jordi Turull y Josep Rull. Ellos y sus partidos han denunciado una espiral vengativa del Estado contra el independentismo tras la DUI. Las fuerzas constitucionalistas, por su parte, han pasado bastante de puntillas por los últimos acontecimientos judiciales, alentadas por unas encuestas que les han insuflado moral e ilusión, todavía bastante contenidas.