El Gobierno no planteará una reforma de la euroorden

nuria vega | madrid

Todo lo que el ministro de Justicia trasladará a sus colegas comunitarios hoy en Bruselas será una «reflexión» sobre cómo han funcionado las órdenes europeas de detención y entrega desde su entrada en vigor. Pero nada más. El Gobierno rebajó ayer las expectativas después de que Rafael Catalá defendiera el miércoles en el Congreso la necesidad de revisar el instrumento de colaboración entre socios de la UE y avanzara su intención de plantearlo así en la cita con sus homólogos. «El ministro de Justicia lo que va a hacer es un balance enormemente positivo de estos 15 años de euroorden, pero no va a plantear formalmente ninguna reforma, entre otras cosas porque sabemos que eso es enormemente difícil», dejó claro el ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

El Gobierno ha resuelto no poner el foco, al menos en público, en las posibles deficiencias de un sistema que contribuyó a dejar a ETA sin refugio posible en Europa. Cumplidos todos los trámites previos, la entrada en vigor de la euroorden en 2004 supuso un antes y un después en la colaboración contra el terrorismo entre los Estados de la UE y facilitó la entrega de integrantes de la banda huidos a otros países. «En estos momentos creemos que el funcionamiento es satisfactorio», rectificó a Catalá el ministro Portavoz, que no ve «voluntad» alguna en el Ejecutivo de proponer una modificación.

Tan sólo 24 horas antes, el titular de Justicia había puesto de relieve en el acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso que la euroorden no resulta «ágil» en todos los casos ni funciona como cabría esperar. Catalá avanzó su intención de explicar en el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) en la capital comunitaria lo ocurrido desde la marcha de Carles Puigdemont a Bruselas como ejemplo de algunas cuestiones que aún podrían estudiarse para su mejora. Pero fuentes gubernamentales confirman que él mismo relativizó después en privado la contundencia de su planteamiento para enmarcarlo en el ámbito de la reflexión, como ya ha tenido que hacer en otras ocasiones con diferentes asuntos.

Desde que el pasado 30 de octubre se desveló que el expresidente catalán se había desplazado a Bruselas, varios movimientos han obligado a la justicia española y a la belga a colaborar. El 3 de noviembre la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela emitió una orden europea solicitando la detención y entrega de Puigdemont y los cuatros consejeros que le acompañan para ser investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación. El martes, sin embargo, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena procedió a retirarla.

Dado que en Bélgica la rebelión no está tipificada exactamente igual que en España, cabía la posibilidad de que la justicia de ese país entregara a Puigdemont, pero restringiera los delitos por los que puede ser investigado. Y el Supremo quiere garantizar que todos los miembros cesados de la Generalitat van a recibir el mismo trato judicial. Catalá considera que la decisión es «inteligente», pero también le suscita cierta inquietud sobre el funcionamiento del instrumento europeo, que sólo contempla una lista de 32 delitos para los que la entrega entre socios es prácticamente automática.

Una solución podría ser aumentar ese catálogo de tipos penales, pero fuentes de La Moncloa no lo ven tan sencillo. «A día de hoy no hay un principio de confianza absoluto», aseguran. En el Ejecutivo son conscientes de que los cambios en la UE requieren que exista una convicción arraigada en todos los Estados sobre la necesidad de reforma y una idea clara de lo que se quiere hacer, como ocurrió con el nacimiento de la euroorden tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Y aun así, los trámites casi siempre son lentos. Lo que sí admiten es que de los debates de hoy podrían salir las iniciativas de mañana.