Catalá traslada a la UE su preocupación por las deficiencias de la euroorden
La Comisión Europea descarta ampliar la lista de delitos por los que la extradición es automática.
nuria vega | madrid
Rafael Catalá trasladó ayer con escaso éxito a la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova, su preocupación por las posibles deficiencias en el sistema de las órdenes europeas de detención y entrega. No quiso vincular su inquietud al caso de Carles Puigdemont, que se encuentra desde el 30 de octubre en Bruselas mientras los principales dirigentes del proceso independentista han pasado por prisión preventiva. Pero con el debate que ha abierto ese precedente, el ministro advirtió sobre la posibilidad de que se utilice la libre circulación entre Estados para «huir de la justicia».
Catalá evitó abordar la cuestión en su intervención ante el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior que hoy se celebraba en Bruselas por no estar en el orden del día. En ese encuentro sólo defendió la importancia de avanzar en el camino de la confianza mutua entre los socios comunitarios. Sin embargo, aprovechó una conversación informal con Jourova para subrayar la «paradoja» que supone que dos señas de identidad de la UE, como la libre circulación y la cooperación judicial, puedan entrar en conflicto.
El miércoles el ministro de Justicia alertó sobre una pérdida de eficacia y agilidad en el funcionamiento de la euroorden, que considera obsoleta. Hace más de un mes que la Audiencia Nacional recurrió a este instrumento para solicitar a la justicia belga la detención y entrega del expresidente de la Generalitat y los cuatro consejeros que le acompañan. La sospecha de que, no estando tipificados del mismo modo en ambos países los delitos de rebelión, sedición y malversación, desde Bélgica se pudiera atender parcialmente la solicitud, llevó el martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a retirar las órdenes.
Dado que la tarea de armonizar los códigos penales de la UE es una misión tan titánica como poco realista, una de las opciones que contempla Catalá es la de ampliar el listado de los 32 delitos por los que la extradición de un arrestado es automática.
Aunque el Gobierno no ha formulado una propuesta concreta, la Comisión respondió ayer oficialmente que no comparte el planteamiento de España en cuanto a incrementar las causas para una entrega rápida. «No vemos ninguna necesidad de cambiar ese funcionamiento en lo que a la lista de delitos se refiere», descartó Jourova, que admite que sí existen mejoras que estudiar.
El Gobierno ya intentó el jueves rebajar las expectativas con las que Catalá acudía a Bruselas y descartó promover una reforma formal de la euroorden. Por un lado, es consciente de la dificultad de lograr una modificación. Pero, además, no quiere que su postura sea entendida como una queja por la respuesta de la justicia belga sobre Puigdemont.
