ASOCIACIÓN ULTRACATÓLICA
Así justifica el Gobierno que Hazte Oír sea entidad de utilidad pública
Detalla que entre 2012 y 2016 "no ha percibido subvenciones"
El Gobierno ha asegurado que las asociaciones ultracatólicas HazteOír y MásFuturo reúnen los requisitos legales exigidos para su reconocimiento como entidades de utilidad pública y no hay motivos para su revocación.
En respuesta a una pregunta parlamentaria escrita del diputado del PSOE Antonio Hurtado, el Ejecutivo explica que no se ha iniciado ningún procedimiento para retirar la condición de utilidad pública a Hazte Oír, dada la preferencia que tiene la vía judicial abierta a esta entidad por su autobús tránsfobo en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.
La respuesta precisa que "hasta la fecha, de las memorias presentadas por Hazte Oír en los plazos legalmente previstos no se desprende causa alguna para iniciar el procedimiento de revocación, ni se ha dictado una resolución judicial que obligue a iniciar tal procedimiento".
El Ejecutivo subraya que tanto MásFuturo como HazteOír gozan de los derechos reconocidos en las leyes de asociación y de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. En el caso de Hazte Oír, detalla que entre 2012 y 2016 "no ha percibido subvenciones ni ningún otro tipo de financiación pública para sus actividades".
En cuanto a la organización antiabortista MásFuturo ha acreditado que cumple la Ley del Derecho de Asociación por cuanto sus fines sociales, entre ellos "la ayuda a mujeres embarazadas con riesgo de exclusión social" y "la defensa de los derechos naturales del ser humano, de manera especial el respeto a la vida del ser humano desde su concepción hasta su extinción natural en toda su plenitud y dignidad", son "fines lícitos que encajan dentro del concepto de interés general".
"Sus actividades (ayuda material a madres, edición de página web, cursos o campañas para informar a la opinión pública sobre sus fines estatutarios, entre otras) no están restringidas a beneficiar exclusivamente a sus socios, sino abiertas a cualquier ciudadano que, en una sociedad plural y diversa, comparta o tenga intereses comunes con aquellos fines", señala la la contestación parlamentaria.