El 'caso ERE' sienta en el banquillo a Chaves y Griñán

La política laboral de "bolsillo roto" con la que los gobiernos socialistas de Andalucía trataron de contener los conflictos sociales y, de paso, afianzar el apoyo de las bases que mantuvieron sus mayorías absolutas se sienta este miércoles en el banquillo. Siete años después del inicio de la investigación, la Audiencia de Sevilla juzga a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a seis exconsejeros regionales -entre ellos, la exministra Magdalena Álvarez- y 14 exaltos cargos -viceconsejeros y directores generales- entre los años 2000 y 2010. El juicio se inicia esta semana con la presentación de las cuestiones previas a cargo de las partes personadas. 

Los investigados están acusados de haber implantado un procedimiento de ayudas sociolaborales para mantener la paz social que no solo se convirtió en un coladero de prejubilaciones en empresas privadas pagadas con dinero público. Además, abrió la puerta a la concesión directa y sin publicidad de ayudas a empresarios -algunos, afines al PSOE- y enriqueció mediante sobrecomisiones a compañías mediadoras que convirtieron en un negocio la tramitación de esas subvenciones.

La jueza instructora del denominado 'caso ERE', el mayor escándalo de corrupción en la política andaluza con casi 300 imputados, lo tuvo claro. Mercedes Alaya, que se apartó del caso tras un ascenso, entendió que ese apaciguamiento laboral no fue sino una mera excusa para hacer "proselitismo político" y crear una "red clientelar" a favor del PSOE durante años, según detalló en su exposición razonada ante el Tribunal Supremo (TS) para implicar a los expresidentes.

La implantación del sistema se justificó con la necesidad de agilizar las ayudas y reducir la burocracia, pero permitió sortear la fiscalización previa y dar lugar a la concesión discrecional. "Asumieron las irregularidades como consecuencia necesaria" de ese logro, señaló el auto de apertura del juicio. Una fórmula sobre la que la Intervención General de la Junta de Andalucía expresaría sus dudas en hasta 15 ocasiones a la Consejería de Hacienda, dirigida por Griñán. En ningún caso, no obstante, emitió un informe de actuación por sospecha de menoscabo de fondos públicos, lo que habría parado de inmediato el proceso.

Transferencias a entes públicos

El "procedimiento específico" implantado para dar esas ayudas y escapar de los controles fue la transferencia de financiación, un sistema usado habitualmente por las administraciones pero para equilibrar las cuentas de los entes públicos. En este caso, el Instituto Andaluz de Fomento (IFA) y más tarde la Agencia Idea recibieron las transferencias y las emplearon para abonar las ayudas que indicaba la Dirección General de Trabajo, verdadero epicentro del caso.

Su responsable, Javier Guerrero, será el primero en declarar, aunque no lo hará hasta enero, puesto que esta semana se inicia el juicio con las cuestiones previas. Las declaraciones de los investigados empezarán el próximo mes. Guerrero era el último eslabón de la cadena, el que firmaba todas las ayudas concedidas y a quien los exaltos cargos responsabilizan de las irregularidades, como incluir a su suegra en una prejubilación o dar ayudas millonarias a su chófer, que luego se invirtieron en fiestas y drogas. A él se le atribuye, además, la denominación de "fondo de reptiles" para la partida 31-L, de donde salía el dinero.

Bajo este procedimiento se entregaron al menos 855 millones de euros, aunque no todo fue irregular, dado que el juez del TS que tomó declaración a Chaves y Griñan concedió que la mayor parte cumplió su fin original. El fraude, pues, se ciñe a unos 160 millones derivados de los 126 intrusos -entre ellos nueve militantes socialistas- que se colaron entre las 6.000 prejubilaciones; las sobrecomisiones de los comisionistas y aseguradoras que intermediaban en los expedientes y los 87 millones destinados a ayudas directas a empresas en crisis.

En este último caso, la mayoría (57 millones) fueron a parar a la comarca sevillana del exconsejero José Antonio Viera, entonces líder del PSOE de Sevilla, y del propio Guerrero. Todos esos expedientes de ayudas y las prejubilaciones irregulares se han convertido en cientos de piezas separadas que se irán enjuiciando posteriormente.

Arma arrojadiza del PP

El 'caso ERE' duele a los socialistas por cuanto pone en la picota a quienes fueron los máximos responsables del partido en Andalucía, su principal base, durante la época de mayor esplendor del PSOE. Se convirtió en el arma arrojadiza del PP para contrarrestar sus propios escándalos de corrupción, una comparación que les escuece especialmente porque, a diferencia de aquellos, a los mandatarios socialistas no se les juzga por haber desviado dinero público a sus bolsillos.

En el caso andaluz, están acusados de prevaricación, por haber permitido presuntamente el diseño del sistema al margen de la ley, o de malversación, por conocer supuestamente el fraude y no actuar para, en última instancia, sacar réditos políticos.

Apartados ya de la vida política, todos defienden su inocencia y se aferran a que, más allá de que luego se hiciera un mal uso de llas, el sistema de ayudas era legal: se regía por la ley de subvenciones y tenía su reflejo de forma anual en los presupuestos autonómicos, sostienen.

Nuevo argumento 

Tendrían, por tanto, solo responsabilidad política, nunca penal, y la habrían asumido al apartarse de sus cargos. En los últimos meses, han encontrado además un nuevo argumento, después de que en otra instrucción sobre unas ayudas el Ministerio de Empleo reconociera que el sistema era idéntico al que empleaba el Gobierno. Con el amparo de una orden del Ministerio de Trabajo de 1995, aprobada precisamente por Griñán, el sistema estatal también dio ayudas directas, sin concurso ni publicidad, con intermediarios y aseguradoras. Una tesis que contradice la "subversión del ordenamiento jurídico" con la que la jueza Ayala calificó la forma de actuar y con la que confían en desmontar que hubo una conspiración política.

Penas de entre seis y ocho años de cárcel

El tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que preside el magistrado Juan Antonio Calle y que integrarán también las juezas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, será el encargado de juzgar la pieza política del 'caso ERE', cuyas sesiones se prolongarán durante varios meses. El juicio comienza esta semana con las cuestiones previas y continuará con las declaraciones, a partir de enero del 2018. Los acusados se enfrentan a penas que van desde los 10 años de inhabilitación en el caso de los acusados de prevaricación, como el expresidente Manuel Chaves o la exconsejera, y exministra, Magdalena Álvarez, a entre seis y ocho años de cárcel para aquellos acusados además de malversación, como José Antonio Griñán.