PROCEDIMIENTO JUDICIAL
Los deberes pendientes del juez Llarena en la causa por rebelión
El magistrado determinará si suma a Jové y Trapero entre los imputados, con lo que serían 28 los acusados en el Supremo. Cuantificar el dinero público gastado en el 1-O y si se destinaron subvenciones al proceso, prioritario para concluir la instrucción
Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del Govern.
Si una cosa ha quedado clara en los dos últimos meses es que al Tribunal Supremo no le dan miedo las macrocausas. Acostumbrados a que solo asumiera lo relativo a los aforados implicados en casos de corrupción y cuando las diligencias estaban ya bien avanzadas, las querellas fiscales por rebelión, sedición y malversación han demostrado que el alto tribunal no se amedrenta con las instrucciones, ni siquiera aunque superen con creces la veintena de imputados.
La víspera de irse de vacaciones y horas después de que Catalunya votara en las urnas a los integrantes del Parlament que sustituirá al disuelto por el 155, el juez Pablo Llarena elevaba a 26 el número de imputados en la causa, con el ‘expresident’ Artur Mas, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, las dirigentes del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, y la presidenta de la Asociación de Municipios de la Independencia (AMI), Neus Lloveras.
Tomarles declaración será una de las primeras diligencias que realizará el juez tras las Navidades. El 11 de enero tiene citados al ‘exconseller’ de Interior Joaquim Forn, el número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que han pasado las fiestas en prisión, al igual que el ‘exvicepresident’ Oriol Junqueras, cuyo recurso para tratar de lograr la libertad será la primera vista que celebre en 2018 el Supremo. De la decisión que tome sobre su situación el alto tribunal dependerá, entre otras cosas, los diputados con los que JxC y ERC contarán para tratar de nombrar al futuro presidente o presidenta de Cataluña.
Trapero y Jové
Llarena tiene que dar respuesta a la petición fiscal de imputar en el alto tribunal al que era mayor de los Mossos el 1-O, Josep Lluís Trapero, y al número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, ambos investigados, el primero en la Audiencia Nacional y el segundo en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. La fiscalía argumenta que el peso de ambos en la estrategia independentista que culminó con la declaración unilateral de independencia obliga a su imputación en el Supremo junto a los miembros de los comités estratégico y ejecutivo diseñados en la hoja de ruta Enfocats.
Su decisión tendrá una clara repercusión en la causa por sedición de la Audiencia Nacional, donde el propio Llarena determinó que debía investigarse la actuación de los Mossos durante las protestas que se vivieron en Barcelona el 20 y 21 de septiembre. El imputado de más rango, actualmente en manos de la jueza Carmen Lamela, es precisamente Trapero.
Una vez que Llarena se pronuncie sobre si imputa a Trapero, como máximo responsable policial del cuerpo con cuya inactividad se pudo celebrar el referéndum ilegal, según dice la Guardia Civil, la magistrada tendrá que determinar cómo continuar con las pesquisas abiertas por sedición, teniendo en cuenta que en varios juzgados catalanes hay ya procedimientos abiertos por hechos concretos.
La jueza también tendrá que aclarar si los seguimientos supuestamente realizados por los Mossos y de cuyos expedientes se querían desprender en una incineradora la víspera de que se declarase la DUI están vinculados con su causa. Si no guardan relación con el 1-O o las protestas de septiembre, la documentación intervenida será remitida a los juzgados de Barcelona, donde ya hay varias querellas presentadas por los presuntamente espiados.
Financiación y malversación
Una vez concretada la participación de cada uno de los imputados en el proceso independentista, cuyo inicio se adelantó al mandato de Mas al frente de la Generalitat en el último informe la Guardia Civil, las pesquisas se centrarán en el otro aspecto clave: la financiación. Los agentes cifraron el gasto realizado en la creación de las estructuras del Estado y en el referéndum ilegal del 1-O en 502.639 euros. Añadían que la cifra "se incrementará según vaya avanzando la investigación". El magistrado había ordenado concretar qué actuaciones acordadas por los imputados fueron sufragadas por las entidades soberanistas implicadas, que son perceptoras de subvenciones públicas.