El Gobierno considera a Iberpistas la responsable del caos en la AP-6

ander azpiroz | madrid

La tormenta de nieve en media España, pero sobre todo en las cercanías de Madrid, ha derivado en una tormenta política en la que el Gobierno central trata de echar balones fuera, mientras le llueven las críticas por parte de toda la oposición.

El domingo, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, apuntó como responsables a los conductores de los cerca de 3.000 vehículos que quedaron atrapados en un tramo de la AP-6 a su paso por Segovia. Según justificó entonces el máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT), «se anunció con antelación y se recomendó con insistencia que no se circulara el sábado por la tarde por las vías afectadas, pero desgraciadamente no fue así». Y añadió que «no se escatimó en recursos ni en horas», un extremo que no concuerda con los testimonios de las personas atrapadas. Después, y en vista de la indignación general, el Gobierno cambió de chivo expiatorio. De las cientos de familias que quedaron bloqueadas se pasó a responsabilizar a la concesionaria de la AP-6, Iberpistas, una filial de Abertis.

El Ministerio de Fomento anunció a media tarde del domingo la apertura de un expediente informativo a la empresa y, a partir de entonces, el Ejecutivo y la concesionaria han mantenido un cruce de declaraciones en las que cada uno devuelve la pelota de la responsabilidad al tejado del otro.

Iberpistas argumentó que el pasado viernes se puso en marcha el plan invernal y, subrayó, que se elaboró bajo la coordinación directa de Fomento y la DGT. Para entonces, los meteorólogos ya habían vaticinado lo que se avecinaba el fin de semana. Desde la empresa se defendió ayer que se aplicaron todos los protocolos de actuación y que, cuando se constató que eran insuficientes, se pidió el cierre de la carretera a Interior, que es quien tiene las competencias para ordenarlo.

El director de la DGT, sin embargo, recordó ayer en declaraciones a La Sexta que «la gestión directa de esta autopista privada es de la empresa concesionaria». Fue una forma de reiterar que es Iberpistas la encargada de velar por la seguridad de los conductores, sobre quienes volvió a afirmar que «algunos no calibraron el peligro». Poco después, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, insistió en el mismo argumento: «La responsabilidad recae sobre el concesionario, no solo porque lo determine el protocolo y porque está establecido en las condiciones contractuales, sino porque existen sentencias del Supremo sobre incidentes muy similares que identifican la responsabilidad sobre la empresa».

Los ministros de Fomento y del Interior atendieron la reclamación unánime de la oposición y anunciaron sendas comparecencias para dar explicaciones sobre el caos circulatorio en el Congreso. También acudirá el director de la DGT.

Quien más alto apuntó en sus críticas fue el PSOE, que exigió la destitución de Serrano ante su «nefasta» gestión de la situación. El portavoz socialista, Óscar Puente, tampoco pasó por alto que el máximo responsable de la DGT siguiera la crisis desde Sevilla, «quizá -ironizó- desde el palco del Sánchez Pizjuán», en relación al estadio del Sevilla donde este equipo jugó el sábado el derbi hispalense contra el Betis, y que tuvo como espectador al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Serrano, que aseguró que no tiene intención de dimitir, señaló que se mantuvo al tanto de la situación desde el despacho de su domicilio en la capital andaluza, donde dijo contar con un «despliegue tecnológico» que le permitió mantener el contacto. «No hace falta estar en Madrid para coordinar una acción así, se podía hacer desde Sevilla», se defendió.

Podemos criticó tanto al Gobierno como a la concesionaria. La formación que dirige Pablo Iglesias responsabilizó al Ejecutivo del caos. Los podemitas fueron más allá de la crisis del pasado domingo y destacaron la necesidad de que el Estado recupere el control sobre las autopistas de peaje.

Ciudadanos se sumó a las peticiones de comparecencia de Zoido y De la Serna. Albert Rivera censuró la falta de coordinación, pero avanzó que desde su partido no se exigirá ninguna dimisión antes de escuchar las explicaciones.

En paralelo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) puso en marcha una acción judicial colectiva para que los afectados puedan recibir una indemnización por los daños sufridos.