El 'caso Palau' da la puntilla a Convergència

Más que sobre un asunto judicial, la Audiencia Nacional ha dictado este lunes sentencia sobre una época y una manera de hacer política en Cataluña. El fallo del 'caso Palau' da por probado que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones ilegales por al menos 6,6 millones de euros de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obra pública. Pasqual Maragall dio en el 2005 la voz de alarma, con su célebre: "Ustedes tienen un problema que se llama 3%". Ahora, las implicaciones políticas de la sentencia, en un momento en que los herederos del partido que fundó Jordi Pujol negocian las líneas maestras de la próxima legislatura, son evidentes.

Nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad de una década (desde 1999 hasta el 2009)  de financiación irregular. El PDECat, el partido en el que se convirtió Convergència en julio del 2016 pensando precisamente en la sentencia del 'caso Palau', se pronunció como si no tuviera nada que ver con su predecesora. "El Partit Demòcrata es una formación nueva, creada en el 2016, que nació con el ejercicio de la transparencia como uno de sus objetivos más importantes", se inhibió mediante un comunicado, porque durante todo el día sus dirigentes evitaron la exposición pública.

Tampoco Artur Mas, líder de Convergència durante gran parte de los años en los que el partido cobró comisiones ilegales según la Audiencia, se dio por aludido. El expresidente catalán, cuya renuncia la semana pasada a continuar al frente del PDECat cobra ahora nueva luz, dijo que no esperaba una sentencia tan "dura", pero que en todo caso Convergència ya pagó en el 2016 "un precio muy alto" por las irregularidades investigadas. Se refería a la disolución del partido, como si un cambio de nombre fuera suficiente para borrar cualquier vínculo entre dos formaciones que comparten espacio político y multitud de dirigentes.

Un 4% de mordida

Lo cierto es que las 549 páginas de la sentencia del 'caso Palau' dejan en evidencia un mecanismo perfectamente engrasado cuya finalidad era financiar a Convergència, y del que también se beneficiaban los dos principales directivos del Palau de la Música de la época, Fèlix Millet y Jordi Montull. CDC y Ferrovial utilizaron la principal institución musical catalana para canalizar comisiones por la adjudicación de obras como la línea 9 del Metro de Barcelona o la Ciutat de la Justícia, según recoge la Audiencia. La constructora pagaba un 4% de mordida sobre los proyectos, que se repartían el partido (2,5%), Millet (1%) y Montull (0,5%).

Los dos saqueadores confesos del Palau se quedaron por esa vía con más de 23 millones de euros que ahora tendrán que devolver, igual que deberá hacer Convergència con los 6,6 millones que se le atribuyen. La Audiencia condena a Millet a nueve años y ocho meses de cárcel, y a Montull a siete años y seis meses. La hija de éste, Gemma Montull,  ha sido condenada a cuatro años y medio, una pena muy similiar a la de Daniel Osàcar, el extesorero de CDC por el que Mas puso varias veces "la mano en el fuego".

Para el desembolso de comisiones, Millet y Montull, según el fallo, pusieron a disposición de Ferrovial y de CDC la estructura económica del Palau para poder ocultar los pagos y los cobros bajo la forma de patrocinio. Los magistrados relatan que los ingresos efectuados por la construtora en el auditorio "iban destinados en mayor parte" a abonar las comisiones para que se le adjudicara obra pública, "empleando para ello su influencia sobre personas que debían resolver" dichos contratos.  Los extesoreros, agrega la sentencia, "garantizaban que otros responsables del partido, que no han podido ser determinados", ejercieran las presiones sobre los cargos públicos de su formación.

Medidas cautelares

Pese a su esfuerzo por desmarcarse de la trama de dinero negro, facturas infladas y convenios falsos, el PDECat constató ayer que ninguno de sus hasta ahora socios quiere que la presunta corrupción de CDC les salpique. ERC pidió que "asuma responsabilidades quien tenga que asumirlas" y aseguró que "no mirará hacia otro lado". Y la CUP reclamó "explicaciones" a los actuales dirigentes posconvergentes tras constatar "sombras" en el partido heredero de Convergència.

La Fiscalía pedirá medidas cautelares para el extesorero de Convergència condenado, y también para Millet y los Montull, lo que podría comportar su encarcelamiento. El partido dejó claro que recurrirá la sentencia, y su representante legal, Francesc Sánchez, se mostró convencido de que Osàcar no entrará finalmente en prisión. Pero está por ver que su argumento de que CDC ya ha pagado porque "ha desaparecido de la órbita de los partidos que se presentan a las elecciones", convenza más allá de las fronteras de la formación.