POLÍTICA Y TRIBUNALES
La CUP sostiene que el Supremo no es competente para juzgar la causa por rebelión
La formación recuerda que el alto tribunal ya desestimó una denuncia similar de UPyD sobre la consulta del 9-N
Las exdiputadas de la CUP Mireia Boya (izquierda) y Anna Gabriel (derecha), dos de las investigadas como miembros de la plana mayor del proceso independentista.
La CUP ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que expone que dicho tribunal no es competente en el caso del sumario de rebelión, donde constan como investigadas, entre otros, las exdiputadas de la formación Mireia Boya y Anna Gabriel.
En este sentido, recuerda que el mismo tribunal rechazó una denuncia de UPyD por la consulta del 9-N por los mismos delitos y que entonces el Supremo las rechazó porque concluyó que tenían que ser los tribunales catalanes quienes se tenían que encargar del caso. Además, hace constar que son varios juzgados de Barcelona quienes investigan hechos relacionados con el 1 de octubre y con la pasada legislatura.
La CUP centra su escrito sobre esta alteración de los criterios de competencia en el marco del contexto de excepción que se está produciendo y de "derecho penal del enemigo", que incluye entre sus rasgos fundamentales el relajamiento de las garantías procesales.
La formación independentista considera que en la denuncia hay carencia de imparcialidad e independencia del alto tribunal español, como por ejemplo que el fiscal que firmó la querella y el actual fiscal general fueron compañeros de sala de los magistrados que tienen que dictar sentencia o que la misma vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, se haya "autoatribuido directamente el resultado de determinadas resoluciones judiciales", lo que, remarca, incumple de "manera flagrante" la separación de poderes.
Con esta estrategia, la CUP busca que se archive la causa contra Boya y Gabriel, así como denunciar el funcionamiento "poco democrático de las instituciones españolas". La formación anticapitalista también se plantea acudir a instancias internacionales en el supuesto de que sus demandas sean desestimadas.
El pasado 22 de diciembre, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena amplió la causa por rebelión, sedición y malversación que instruye contra el Govern y los 'Jordis' e incorporó, además de las diputadas cupaires, el 'expresident' Artur Mas; la secretaria general de ERC y número 2, Marta Rovira; la coordinadora del PDECat, Marta Pascal; y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras.
Sus nombres aparecen en el informe entregado por la Guardia Civil al juez Llarena el pasado 15 de diciembre y estarían dentro del comité estratégico que señalaba el documento 'EnfoCATs', considerado por el juez como la hoja de ruta del independentismo.