Diario de León

Torrent dilata la ‘teleinvestidura’

El presidente de la cámara catalana solapa las presiones de Junts per Catalunya para permitir la proclamación a distancia de Puigdemont Juan Ignacio Zoido revela que el operativo policial para el 1-0 costó 87 millones de euros.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, junto al líder de la CUP, Carles Riera, el del PSC, Miquel Iceta, y el del PP, Xavier García Albiol. ALEJANDRO GARCÍA / A. ESTÉVEZ

El presidente del Parlament, Roger Torrent, junto al líder de la CUP, Carles Riera, el del PSC, Miquel Iceta, y el del PP, Xavier García Albiol. ALEJANDRO GARCÍA / A. ESTÉVEZ

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cristian reino | barcelona

Roger Torrent ya siente la presión del cargo. Veinticuatro horas después de asumir la Presidencia del Parlament y de poner en marcha la duodécima legislatura catalana, Torrent experimentó ayer el peso de la responsabilidad. Sobre todo la que le empezó a trasladar Junts per Catalunya desde varios flancos con un único objetivo: apretarle para que permita la investidura a distancia de Carles Puigdemont, huido a Bruselas desde el 30 de octubre. La sesión para la elección del nuevo presidente de la Generalitat no tiene aún fecha, pero tiene que producirse como máximo antes del 31 de enero. Queda una semana larga de infarto. Junts per Catalunya insistió ayer en que Puigdemont es el único candidato a la investidura y empezó a preparar el terreno. Y lo hizo presentando en el registro de la Cámara catalana la petición de Carles Puigdemont, Lluís Puig y Clara Ponsatí, los tres en Bruselas con una orden de detención, para que puedan participar en la investidura a través de la delegación del voto sin necesidad de desplazarse a Barcelona, pues serían arrestados. La Mesa de Edad admitió el miércoles esta posibilidad para los tres diputados encarcelados (Junqueras, Forn y Sándchez), lo que contaba con el aval del juez del Supremo. La CUP le aseguró que su voto no está garantizado aún.

Pero la situación de los tres exmiembros del Gobierno que permanecen en la capital belga (los dos de Esquerra aún no han aclarado sus intenciones) es distinta, y ni el Gobierno ni los partidos constitucionalistas están dispuestos a permitir su concurso. Esta es la primera patata caliente que tendrá que resolver Torrent en la reunión de la Mesa del Parlamento catalán de la semana que viene. El asunto espinoso de la investidura sobrevoló el ambiente, pero se tratará en próximas citas. Torrent, que en su estreno como presidente dejó un buen sabor de boca en los grupos de la oposición. El presidente de la Cámara inició la ronda de contactos para proponer al pleno un candidato a la Presidencia de la Generalitat, pero evitó dar pista alguna sobre sus intenciones. «Si el candidato con más apoyos es Puigdemont tendremos que hablar de cómo afrontar la investidura», afirmó en Rac-1. Eso sí, evitó los detalles sobre cómo se haría esa elección. «No entraré en hipótesis porque esto corresponde valorarlo a la Mesa del Parlamento. Los letrados han dicho lo que han dicho y no entramos a valorar situaciones hipotéticas que aún no se han dado», añadió.

Copérnico costó 87 millones

La operación Copérnico, el intento fallido del Gobierno de frenar el referéndum ilegal del 1 de octubre, costó a las arcas públicas 87 millones de euros. Este dinero se gastó en el desplazamiento y alojamiento durante los días anteriores y posteriores a la votación de los hasta 6.000 policías nacionales y guardias civiles con los que se reforzó el contingente de las Fuerzas de Seguridad del Estado destacado en Cataluña. Pese a lo estratosférico de la cifra el ministro del Interior justificó el desembolso por la «arrogancia e irresponsabilidad» del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y de su Gobierno.

El dato lo reveló Juan Ignacio Zoido ante la Comisión de Interior del Senado, una comparecencia que llegó tres meses después de las cargas policiales frente a los colegios electorales en los que los independentistas colocaron las urnas. El titular del Interior gastó la mayor parte de su intervención en defender la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante los momentos más críticos de la crisis secesionista.

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