El Gobierno aprovecha la confesión para reclamar un nuevo candidato

En términos de propaganda, que Carles Puigdemont reconozca en la intimidad el «triunfo» del Gobierno y anticipe su final como candidato a la Generalitat no deja de ser una nueva baza para el Ejecutivo en su pulso con el expresidente de Cataluña. «Ha llegado el momento de que se asuma públicamente lo que se dice en privado», exhortó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero en la Moncloa se mostraron más prudentes que eufóricos tras conocer los mensajes de móvil que el líder de Junts per Catalunya envió al diputado de Esquerra Toni Comín.

Si tuvieran que hacer balance de la semana, consideran mucho más trascendente haber logrado que el martes la investidura quedara aplazada. No es que en el Gobierno hayan despreciado el contenido de los mensajes telefónicos captados por Telecinco en los que Puigdemont da por sentado que los suyos le han «sacrificado». Tras una primera lectura, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dio por fracasado el «esperpento» y la titular de Sanidad, Dolors Montserrat, trasladó que este es «el inicio para Cataluña y los catalanes». En este sentido, fuentes gubernamentales compartieron que el expresidente de la Generalitat se ha pegado un tiro en el pie en un momento delicado para su futuro político, con la justicia marcándole el paso. Pero también asumen que el cabeza de cartel de Junts per Catalunya es más que un aspirante a la reelección, que sigue representando todo un movimiento «de desobediencia» que no puede darse por desarticulado.

Por ahora, el PP, menos sujeto al tono institucional, celebra que los «independentistas reconozcan haber sido derrotados por la estrategia de Mariano Rajoy». «La farsa del candidato Puigdemont ha terminado», sentenció el partido en la red social Twitter. Además de la batalla de fondo, apuntan los populares, hay una pugna política por el discurso. Y los mensajes de hoy sirven para reforzar los argumentos del Gobierno también ante la comunidad internacional. Lo irreparable Pero en el reto de encauzar el independentismo hacia la legalidad, en la Moncloa se quedan con el pronunciamiento el fin de semana del Tribunal Constitucional, que restringió las opciones de Puigdemont de ser investido. Si el líder independentista quiere obtener la confianza de la Cámara catalana para presidir la Generalitat deberá retornar a España y solicitar una autorización al juez para acudir a la sesión parlamentaria.

Unas medidas cautelares que llevaron a Roger Torrent a posponer el pleno para elegir al presidente. El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, incidió en que se ha salvado el escollo de una sesión «absolutamente escandalosa» en la que Puigdemont podría haber sido investido sin ni tan siquiera estar presente».