La prisión permanente revisable encona la batalla política entre PP y Ciudadanos

m. e. alonso | madrid

PP y Ciudadanos pugnan por liderar la bandera ideológica del endurecimiento de las penas por delitos especialmente graves y vuelven a competir en el Congreso a cuenta de la prisión permanente revisable. Una medida aprobada por los populares cuando tenían mayoría absoluta, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, y cuya derogación tramita la Cámara baja a instancias del PNV y gracias a la abstención de los naranjas.

Tras el crimen de Diana Quer, el PP decidió plantear batalla en defensa de esta figura penal y presentó una iniciativa parlamentaria que se debatirá el 13 de febrero para pedir que se frene el intento de algunos grupos de derogar la reforma. Ayer el partido gubernamental dio un paso más y anunció una campaña de recogida de firmas en la calle a la que sumar la que ya se está realizando a través de plataformas digitales. Este domingo celebra además una convención en Córdoba con víctimas y expertos en defensa de la prisión permanente, que contará con la presencia de Mariano Rajoy.

Con su ofensiva los populares perseguían poner en evidencia a Ciudadanos, que no para de recortarle distancias en las encuestas, por mantener una postura ambigua sobre la máxima pena privativa de libertad que contempla el Código Penal. Cuando se abstuvieron en octubre consideraron que era «demagogia punitiva» y «una forma amable» de referirse a «la cadena perpetua». Pero la presión del PP y el impacto social del caso de la joven madrileña asesinada ha obligado a Albert Rivera a mover ficha.

Lo ha hecho registrando en el Congreso una enmienda a la totalidad de la ley propuesta por los nacionalistas vascos, que evita la derogación de esta figura y persigue endurecer aún más el Código Penal dificultando el acceso al tercer grado de los presos condenados a prisión permanente o por delitos de especial gravedad «Creemos que ese es el debate que debe tener la sociedad española para defenderse de determinados delincuentes», explicó el secretario general de la formación, José Manuel Villegas.

Aunque Ciudadanos mantiene sus dudas sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable considera que ningún partido debería pedir su eliminación mientras el Constitucional no se haya pronunciado. «En tanto se produce esa sentencia -arguyó Villegas- hay que endurecer el acceso al tercer grado para que delincuentes peligrosos no pueden salir a la calle y campar a sus anchas».

Según su propuesta, y poniendo como ejemplo el caso del único condenado en España a esta pena -el padre que asesinó con una radial a sus hijas de cuatro y nueve años-, si actualmente puede acceder a un permiso de salida a los ocho años de cárcel, con la reforma naranja sólo podrán hacerlo a los quince y si actualmente puede acceder al tercer grado a los 22 años, con el cambio legal tendría que esperar a los 27.

La iniciativa de Ciudadanos plantea también que cuando una persona haya sido condenada a más de cinco años por delitos de terrorismo, corrupción de menores o abusos sexuales, no pueda obtener el tercer grado hasta haber cumplido tres cuartas partas de la condena, no la mitad, como ocurre ahora.

Con este movimiento, el Congreso tendrá que debatir y votar ahora si deroga la prisión permanente o si se endurece. Salvo cambio de postura de algún grupo, sigue habiendo una ajustada mayoría parlamentaria a favor de la derogación, en la que se posicionan PSOE, Unidos Podemos, PNV y Esquerra.