Ya buscan relevo a Puigdemont

Cristian reino | BARCELONA

En público, la consigna en el independentismo sigue siendo que solo hay un candidato a la presidencia de la Generalitat y que ese nombre únicamente puede ser Carles Puigdemont. Así se expresan los dirigentes de Junts per Catalunya y Esquerra, cerrando filas sin fisuras. Otra cosa bien distinta es lo que dicen en privado. En las primeras reuniones mantenidas entre las dos principales formaciones secesionistas, tras la investidura fallida del martes, ya se han empezado a poner nombres alternativos sobre la mesa, según apuntan fuentes nacionalistas.

El plan B ya no es un tabú en las tablas de negociaciones, aunque de una forma muy preliminar, a la espera de la decisión de Puigdemont. De momento, el expresidente de la Generalitat insiste en no arrojar la toalla, a pesar de que en los mensajes que las cámaras de Telecinco captaron del móvil de Toni Comín diera la batalla por perdida.

El expresidente de la Generalitat y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, hablaron el miércoles, después del desencuentro entre los independentistas y el puñetazo en la mesa de Roger Torrent. Los contactos continuaron ayer en la Cámara catalana. Los nombres que se barajan son Elsa Artadi y Eduard Pujol. La primera fue la directora de campaña de Junts per Catalunya, tiene una sólida formación académica, fue colaboradora en la Consejería de Economía de Andreu Mas-Colell y era del equipo de confianza de Puigdemont en la Generalitat. Esta semana, fue designada portavoz del grupo parlamentario nacionalista. El segundo era el director de la cadena de radio Rac-1 y será el portavoz adjunto de los neoconvergentes en el Parlament. También suenan Jordi Turull y Jordi Sánchez (éste último en prisión), aunque su situación es más compleja pues tienen causas judiciales pendientes y su inhabilitación podría ser inminente.

Que haya nombres sobre la mesa, en cualquier caso, no quiere decir que Puigdemont ha entregado la cuchara. El candidato alternativo podría entrar en juego una vez que el expresidente fuera investido y esa elección fuera inmediatamente anulada por el Constitucional. Esta idea casa con la que ayer rescató Junqueras, apuntada por ERC durante la campaña: una doble presidencia. A su juicio, las circunstancias pueden «obligar o impedir» que la jefatura del gobierno sea efectiva y por tanto que se «deba combinar una presidencia simbólica con una ejecutiva», según aseguró en Diario 16. Oriol Junqueras también cree que ser presidente desde la cárcel o desde Bruselas «vendría a ser lo mismo», una respuesta a Puigdemont, que dijo que «mejor ser presidente que presidiario».

El expresidente de la Generalitat es a día de hoy el principal bloqueo para que la legislatura catalana pueda empezar a arrancar y desde ERC incrementaron la presión. Después del movimiento del martes, en que decidió aplazar la investidura y evitó desobedecer al Constitucional, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, apretó al expresidente de la Generalitat para que dé un paso al lado, en aras de que la legislatura empiece a rodar. «Avanzaremos si somos capaces de ser lo más generosos posible», afirmó en Rac-1, en un aviso similar al que hizo Gabriel Rufián, también de Esquerra. Marta Rovira, por su parte, urgió a sus socios a que presenten la fórmula para una «investidura efectiva».

Torrent no se mueve de su afirmación de que solo contempla un candidato -ayer rechazó iniciar una nueva ronda de contactos- pero al mismo tiempo aprieta a sus socios y les recuerda que no convocará un nuevo pleno hasta que el candidato cuente con todas las «garantías políticas» para asumir la investidura y formar un nuevo gobierno que pueda trabajar desde el primer minuto. Esas garantías no se daban el martes y difícilmente se darán en las próximas semanas, porque el Constitucional ya ha dicho que la investidura a distancia no es posible. Torrent confía, no obstante, en que «muy pronto» habrá un nuevo Gobierno.

De entrada, el Parlamento ya ha recibido la resolución del Tribunal Constitucional sobre la investidura telemática. Ahora tiene un plazo de diez días hábiles, hasta el 15 de febrero, para presentar alegaciones.

Inhabilitación

El Gobierno da por hecho que el Tribunal Supremo ordenará la inhabilitación para cargo público de Carles Puigdemont aunque no esté condenado en firme por los delitos de rebelión, sedición y malversación. El ministro de Justicia precisó que eso ocurrirá dentro de un par de meses, cuando el juez Pablo Llarena cierre la instrucción de la causa, firme el auto de procesamiento y sin necesidad de esperar a que haya una sentencia en firme.