CORRUPCIÓN
El Tribunal de Cuentas exige al exalcalde de Navalcarnero 10 millones de euros por irregularidades
Baltasar Santos y cuatro exconcejales 'populares' tienen que despositar el dinero en diez días. Relacionados con la construcción de un polideportivo que nunca se levantó por 10,5 millones
El municipio de Navalcarnero, Madrid.
El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de diez días hábiles al exalcalde de Navalcarnero Baltasar Santos (PP), cuatro antiguos concejales populares, un técnico municipal y la empresa concesionaria de la Plaza de Toros para que depositen un total de 10.161.687,92 euros por pagos no justificados a esta empresa y por la no construcción del Polideportivo de la Estación, en la que se desembolsaron 10,5 millones de euros.
Así lo ha acordado la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en su Acta de Liquidación Provisional, notificada el martes al ayuntamiento de Navalcarnero.
El principal asunto investigado por el Tribunal es el referente al Polideportivo de la Estación de la localidad madrileña, unas instalaciones por las que el ayuntamiento desembolsó 10,5 millones de euros -la casi totalidad de lo dispuesto- pero que nunca se finalizaron. De hecho, la obra según diversos peritajes solo se ha ejecutado en un 30%.
TODOS LOS CONCEJALES DEL PP
El Tribunal de Cuentas considera que en este caso existe una responsabilidad contable de 6.798.818,71 euros, de la que tendrán que responder de manera solidaria el exalcalde Baltasar Santos González, Pilar Rodríguez Rodríguez, Elena Pérez Gómez, María Paz Fraile Garcés, Manuel Jordán Rodríguez -todos ellos ex oncejales del Partido Popular en el ayuntamiento y miembros de la Junta de Gobierno local-, el ingeniero técnico municipal Juan Antonio Martín Rodríguez y el director facultativo de la obra Martín de la Fuente González.
En estas actuaciones previas, el Tribunal considera que el daño sufrido por el ayuntamiento debido a las cantidades abonadas por prestaciones "no realizadas y deterioradas" asciende a 4.956.511,08 euros, a los que hay que sumar 1.842.307,63 euros de intereses.
LA PLAZA DE TOROS
Por otra parte, el Tribunal solicita a Baltasar Santos responder por 1.300.618,57 euros como responsable de carácter directo por pagos no justificados a la empresa concesionaria de la Plaza de Toros, tanto por la utilización de la misma por parte del ayuntamiento, como por el alquiler de grupos electrógenos para su iluminación.
Según el convenio, el ayuntamiento tenía derecho de uso de la plaza gratuitamente diez días al año sin contar los tres o cuatro días de los festejos taurinos. Pese a ello, de acuerdo con este Acta, desde 2006 a 2012 el exalcalde firmó pagos a la empresa responsable del coso (Construcciones Edisan S.A.), que "no tenía que haber realizado e incluso muchos días que ni tan siquiera se abrieron las puertas del recinto".
Además, el Tribunal solicita que tanto Edisan como Baltasar Santos respondan, de manera solidaria, por un importe de 2.062.250,64 euros por cinco de las subvenciones entregadas por el ayuntamiento a la concesionaria para la explotación de la Plaza de Toros.
Inicialmente, se habían fijado en 180.000 euros anuales, pero en diversas ocasiones desde 2006 se aumentaron en más de 355.000 euros adicionales argumentando mejoras en los festejos. Sin embargo, estas mejoras "no se ejecutaron ni se supervisaron". Todos los pagos fueron ordenados mediante decretos de Alcaldía.
240 MILLONES DE DEUDA
El actual equipo de Gobierno de Navalcarnero (formado por el PSOE, Cambiemos y un concejal independiente) asumió el compromiso cuando llegó al cargo en 2015 de "llegar hasta el final para conocer los hechos que motivaron la actual situación del municipio", cuya deuda de más de 240 millones de euros lo sitúa en la cabeza del ranking de los ayuntamientos más endeudados de España.
De hecho, según detalla el ayuntamiento de Navalcarnero a través de un comunicado, algunas de las primeras acciones del equipo de Gobierno fueron encaminadas a denunciar estos hechos con el objetivo de "devolver a las arcas municipales todo el dinero que haya salido de ellas ilegalmente".
En los primeros meses de legislatura, mediante un acuerdo de Pleno aprobado por unanimidad, se solicitó a la Cámara de Cuentas que realizara una auditoría de la gestión realizada por el Partido Popular entre 2007 y 2015, empezando por los ejercicios de 2007 y 2008.Unos meses después se puso en marcha una Comisión de Investigación permanente también aprobada por unanimidad de los grupos- que desde entonces estudia diversos aspectos de esta gestión y cuyos resultados se llevan a los tribunales competentes.