El Gobierno ve con buenos ojos a Artadi porque ayudó con el 155

El pasado 4 de diciembre, el secretario de Estado para las Aministraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, a quien el Gobierno central designó para gestionar el 155 sobre el terreno, acudió al Senado para explicar cómo habían ido los primeros 38 días de la intervención. Desde la tribuna de la Cámara alta, Bermúdez de Castro subrayó la ayuda de los altos cargos de la Generalitat de Catalunya en la gestión del día a día y destacó que muy pocos dimitieron después del cese de todos los 'consellers' y el 'president'. Y puso de ejemplo a Elsa Artadi. La ahora diputada de Junts per Catalunya era la directora general de Coordinació Interdepartamental y ejerció una labor "fundamental", según el secretario de Estado, para aplicar el 155 y preparar los 'Consejos de Ministros catalanes' que se organizaban en la Moncloa.

Bermúdez de Castro aseguró, a preguntas de Ciudadanos, que Artadi, que en aquellas fechas ya era jefa de campaña de Carles Puigdemont, había viajado a Bruselas a cuenta de días libres y había pagado el viaje con su dinero, por lo que no tenía ningún motivo para destituirla. "Luego [Artadi] dirá lo que quiera fuera de su trabajo", afirmó el número dos de Soraya Sáenz de Santamaría, pero dentro estaba "cumpliendo". La política catalana ocupó ese cargo clave para la organización interna de la Generalitat hasta el 19 de enero, cuando fue destituida por incompatibilidad al ser elegida diputada.

Sin cuentas pendientes con la justicia

Este episodio sirve para esbozar la posición de la Moncloa ante el nombre de Artadi. Según fuentes gubernamentales, a la opinión expresada de Bermúdez de Castro en su momento se une la circunstancia de que los otros candidatos que se han incluido en las quinielas tienen cuentas pendientes con la justicia, como Josep Rull y Jordi Turull, o están encarcelados, como Jordi Sànchez. La nueva portavoz en el Parlament de Junts per Catalunya no tiene ningún lastre en los tribunales y ha demostrado que "se ciñe a la legalidad", señalan esas fuentes. Entre los otros nombres, sobre todo el de Turull, es visto con recelo porque consideran que el 'exconseller' "es igual de radical que Puigdemont" y no sería capaz de "mejorar la situación ni abrir un diálogo con la oposición".

El Gobierno confía en que la reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat para permitir una investidura a distancia no prospere y los soberanistas encuentren la manera de encajar la figura de Puigdemont sin que haya una resolución del Parlament ni ningún documento oficial lo deje negro sobre blanco. Así las cosas, aseguran en la Moncloa, el 'expresident' se podría "retirar" y ejercer su cargo simbólico "hasta que la justicia lo reclame". 

Catalá y la pena de prisión permanente revisable

En la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, no quiso comentar la posibilidad de que Artadi logre concitar el apoyo de los soberanistas e intentó rebajar la tensión con los independentistas al no opinar sobre el informe de los letrados del Parlament, según el cual la cuenta atrás de dos meses para investir un presidente no se ha activado. Méndez de Vigo reclamó a Roger Torrent que haga caso a los letrados e inicie una nueva ronda de contactos con el propósito de proponer un candidato sin cargas judiciales. 

Menos constructivo se mostró el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en ese mismo encuentro con la prensa. Al explicar los nuevos delitos que el Gobierno propone incluir en la pena de prisión permanente revisable, Catalá señaló que en Francia o Alemania la sedición y la rebelión están incluidos en ese castigo. Es un dato, sí, pero una se puede preguntar si necesario en estos momentos.