Granados implica en la caja B a todos los presidentes, Cifuentes incluida

RAMÓN GORRIAGÁN | MADRID

Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y mano derecha durante varios años de Esperanza Aguirre, acudió ayer a la Audiencia Nacional a embarrar el terreno de la financiación ilegal de su partido, y lo consiguió. No sólo implicó a Aguirre y al también expresidente Ignacio González, sino que colocó bajo el foco a su sucesora, Cristina Cifuentes, porque, según su versión ante el juez, tuvo una «relación sentimental» con González que le permitió estar en «la estructura de poder», pese a ser una diputada sin peso político.

Fue una declaración medida. En ningún momento, por ejemplo, habló de caja B ni de financiación irregular, y se refugió en eufemismos tales como «refuerzo» o «campaña paralela». También tuvo cuidado extremo en quedar al margen de cualquier práctica ilegal pese a haber estado entre 2003 y 2011 en el núcleo duro de las decisiones en su condición secretario general del partido en la Comunidad de Madrid y de consejero de Presidencia, Transportes, Justicia e Interior.

Granados declaró ante el juez Manuel García Castellón y lo hizo durante tres horas y media durante las que sólo respondió a su abogado. Deberá volver el 20 de febrero para contestar al fiscal. Dejó sentado que Aguirre y González controlaban «todo» en la Comunidad de Madrid, desde los nombramientos de cualquier nivel a los asuntos por nimios que fueran que llegaban al Consejo de Gobierno.

Explicó, como muestra de ese control minucioso, que Aguirre modificó un plan con dinero público para obras de los ayuntamientos madrileños porque los ayuntamientos gobernados por el PSOE recibían los recursos económicos y luego no la invitaban a las inauguraciones. La expresidenta decidió que las obras fueran adjudicadas por el Gobierno sin la participación de los consistorios.

Antes de acudir ayer a la Audiencia Nacional dijo que iba a «contar todo». Es difícil saber si cumplió su palabra, pero lo que relató abrió un buen roto para el futuro procesal de Aguirre y González, y el político de Cifuentes. Sostuvo que la expresidenta madrileña financió sus campañas electorales de 2007 y 2011 con dinero negro, pagadas «a través de facturas de publicidad que se cargaban a empresas», entre ellas el Canal de Isabel II, vinculadas al Gobierno regional. Esas campañas en negro, al menos «en una primera fase», fueron dirigidas por González, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015. Fue, explicó, una «campaña paralela de refuerzo» a la que dirigía él mismo y que estaba «perfectamente contabilizada» y era «legal».

Las actividades de Aguirre y González eran conocidas por la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid porque tenía «una relación» con el segundo y formaba parte, a pesar de ser una diputada con escasa relevancia política, del «núcleo de control» hasta que se produjo una «ruptura sentimental».

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, advirtió ayer mismo de que si la presidenta de Madrid fuera imputada por corrupción, su partido rompería el acuerdo de investidura