La defensa de Gabriel: "No ha huido, ha buscado refugio por una persecución política"

Anna Gabriel permanecerá en Suiza y no acudirá a declarar este miércoles ante el Tribunal Supremo en la causa por rebelión en la que está citada. Así lo ha confirmado su abogado y exdiputado 'cupaire', Benet Salellas, quien ha querido dejar claro que "no ha huido" sino que "ha buscado refugio por una persecución política".

En rueda de prensa en Barcelona, a la que no ha participado Gabriel desde Suiza, los anticapitalistas han insistido en que el motivo de su marcha es que "no tiene garantizado el derecho a un juicio justo" y han asegurado que su marcha es una decisión que se ha tomado de forma colectiva en el sí del partido para "internacionalizar" el conflicto catalán. Su objetivo es "dificultar el procedimiento judicial y provocar la entrada de actores internacionales", utilizando Ginebra como la sede para generar "focus de presión", ya que alberga distintos organismos internacionales. "Queremos hacer de espejo de la dictadura en la que se está convirtiendo el Estado español", ha remachado.

La número dos de la CUP, Maria Sirvent, ha asegurado que se encuentran ante un "juicio político" en el marco de una “macrocausa que intenta perseguir a todo un pueblo”, y ha añadido que “responde a la sed de venganza de un estado demofóbico y represor que imputa a las personas por lo que dicen o piensan”. En la misma línea, Salellas ha reiterado que se trata de un “juicio de país” en el que se busca “la venganza y humillación de todo el pueblo de Catalunya”. “No se juzgan hechos, se juzgan proyectos políticos”, ha proseguido, y ha zanjado: “Si nos pudiesen imputar cadena perpetua nos la imputarían” porque “el poder judicial tiene un problema con todo lo que no sea el nacionalismo español”.

No se presentará ante el Supremo

Gabriel ya avanzó que no presentaría ante el juez Llarena. En una entrevista en el periódico suizo 'Le temps', asegura que en España "no tendría un juicio justo" porque está siendo procesada "por su actividad política", al tiempo que se escuda en que "la prensa del Gobierno ya le ha condenado" para no personarse ante el tribunal. Gabriel se defiende remarcando su "actitud pacífica" durante la campaña por el referéndum del 1-O y alega que en los informes presentados por la Guardia Civil se la dibuja como una "activista feroz" que alenta a la "desobediencia". 

Emulando a las palabras con las que el 'expresident' Carles Puigdemont argumentó su huida a Bruselas, Gabriel opina que será "más útil para el movimiento (independentista) libre que detrás de las rejas", argumento que refuerzan los anticapitalistas para justificar que pretenden "internacionalizar" el conflicto catalán, aunque la exdiputada no esconde que tomó la decisión al ver que los 'Jordis', Oriol Junqueras y Joaquim Forn siguen encarcelados en prisión preventiva. 

Como adelantó EL PERIÓDICO este pasado sábado, Gabriel está siendo asesorada por el abogado experto en casos de extradición Olivier Peter, quien saltó a la fama tras asumir la defensa de distintos miembros de ETA. 

Uno de los escenarios que toma peso es que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena pida su extradición y "entonces será Suiza" la que decida su futuro, opina Gabriel, aunque cree que sería un procedimiento "ilegal" porque "no hay base que sustente que ha cometido un delito". "Suiza no acepta las extradiciones de personas que son perseguidas políticamente", remacha Gabriel, y asgeura que si se tramita su extradición, pedirá asilo político.  

Choque de estrategias

Su estrategia judicial choca con la de la también exdiputada 'cupaire' Mireia Boya, quien el pasado miércoles acudió a declarar ante el juez Llarena. Boya negó que la declaración unilateral de independencia fuera simbólica e insistió en que la vió efectiva, no como un manifiesto cosmético, y que no llegó a implementarse porque fue truncada por la aplicación del 155. 

El juez Llarena considera que los planes que culminaron con el referéndum del 1-O se desarrollaron bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas de la anterior legislatura del Parlament, así como los máximos dirigentes de los partidos soberanistas y la presidenta de la AMI. Todos ellos están citados a declarar como integrantes del llamado "comité estratégico" descrito en el documento 'EnfoCats', considerado la hoja de ruta para la independencia encontrada por la Guardia Civil en el domicilio de Josep Maria Jové, el que fuera número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras.