El fin de la "esperanza blanca"
El principio de acuerdo de JxCat y Esquerra se entiende en la Moncloa como un enroque y tendrá un cerrojazo como respuesta
El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, se dirige a su despacho en la Cámara, ayer.
Durante la denominada y fallida Operación Diálogo, pilotada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Oriol Junqueras y ERC llegaron a percibirse como "la esperanza blanca", una expresión que no es propia sino de un prominente 'exconseller' del Govern de Carles Puigdemont que pronto adquirirá una sorprendente notoriedad por sus rotundos testimonios sobre el 'procés'. Pues bien: el espejismo de que los republicanos podían ser "algo distinto" a los radicales irreductibles que rodean al 'expresident' se ha mantenido en la capital de España hasta hace muy poco tiempo. La elección de Roger Torrent como presidente del Parlament y su discurso inicial, tintado de cierta institucionalización, hicieron concebir nuevas expectativas en medios gubernamentales y en amplios sectores del PSOE. Su rechazo a admitir la tramitación de la ley de presidencia para poder investir telemáticamente o por delegación a Puigdemont y su insistencia en la necesidad de "un Govern efectivo" parecían situar a ERC en un terreno políticamente practicable tras el desastre del pasado mes de octubre.
Sin embargo, el reciente discurso de Torrent en el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona que ha causado malestar -incluso indignación- en la cúpula judicial española y su negativa, no solo a cumplimentar al Rey el pasado domingo, sino también a dirigirle la palabra en los actos inaugurales del Mobile World Congress, hicieron remitir cualquier optimismo, que en las últimas 48 horas se ha venido completamente abajo. Los republicanos no parecen estar tampoco por la labor de recuperar la normalidad institucional y, tras asegurarse carteras y parcelas de poder sustanciosas en el próximo Gabinete que se constituya, reconocerán la legitimidad de Puigdemont y nominarán como candidato a la presidencia a un preso preventivo (Jordi Sànchez) y, en su defecto, a un imputado por delitos como el de rebelión (Jordi Turull). Este principio de acuerdo entre las dos fuerzas independentistas se entiende como un enroque de los secesionistas y se va responder en Madrid con un cerrojazo político.
En la Sala Segunda del Tribunal Supremo existen más seguridades que dudas sobre la posibilidad de que Pablo Llarena permitiese la excarcelación de Sánchez para una eventual investidura por más que exista un precedente en los años 80 con un preso etarra ya que "la situación es por entero diferente", según fuentes judiciales que aducen que la investidura del que fuera presidente de la ANC supondría un riesgo de "reiteración delictiva". Si en vez de Sánchez, JxCat y ERC se inclinasen por Turull, la situación no mejoraría porque se trata de un investigado que se encuentra en libertad bajo fianza y con la espada de Damocles de una próxima inhabilitación por el auto de procesamiento que dicte Llarena. En los circuitos políticos madrileños se pensaba que los republicanos optarían por un Govern "efectivo", entendiendo por tal el presidido por uno de los 59 diputados que en las filas de la mayoría independentista no están implicados en ningún procedimiento penal. Sonaba insistentemente el nombre de Marc Solsona, alcalde de Mollerussa. Un perfil de sus características habría significado la normalización que el Gobierno precisa para levantar las medidas del artículo 155 de la Constitución y establecer una mínima interlocución con la Generalitat.
Mariano Rajoy, si se cumplen los pronósticos de la candidatura de un preso preventivo o de un imputado, y adicionalmente se dota de poderes simbólicos a Puigdemont, volverá a convocar a Moncloa a Pedro Sánchez y a Albert Rivera como lo hizo en octubre del pasado año para valorar la posibilidad de solicitar del Senado autorización para dar continuidad al 155 al entender que siguen estando amenazada la integridad del Estado y los intereses de España en Catalunya. Estaríamos en un escenario muy similar al del pasado otoño, con la diferencia de que las posiciones se habrían enrocado en Catalunya y en Madrid se persistiría en la aplicación de la ley sin ni siquiera explorar una estrecha senda política. "No nos dejan", se quejaba este martes un ministro al plantearle la eventualidad de un diálogo. "Es imposible", remataba.
La maquinaria judicial, por otra parte, está en pleno funcionamiento. Según fuentes del Supremo, la instrucción de Llarena en la causa especial de procés "está prácticamente terminada". La afirmación de Torrent de que los presos preventivos lo son "políticos" ha motivado, además, que algunos magistrados, en privado, hayan sugerido la procedencia de una querella contra el presidente del Parlament al sostener que "afirmar la existencia de presos políticos es tanto como acusarnos de prevaricación". No obstante, el criterio mayoritario es que la fiscalía general del Estado cumplió con la nota pública de reproche a Torrent al igual que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Si el republicanismo secesionista fue una suerte de "esperanza blanca" frente a Puigdemont y su JxCat, ha dejado de serlo enteramente y el estado de la situación regresa a los peores momentos de pesimismo sobre la normalización política en Catalunya. El Gobierno -al que Ciudadanos supera electoralmente como revalida el informe de febrero de Metroscopia que se conocerá en los próximos días- no puede permitirse que se produzcan "unas decisiones políticas fraudulentas con el Estado de Derecho" e impulsará la continuidad de la intervención del autogobierno catalán todo el tiempo que sea necesario. El PP dispone de mayoría absoluta en el Senado y, en este asunto, del apoyo sin reservas de Ciudadanos y del más renuente, pero inevitable, de los socialistas.