Torrent aplaza la investidura de Sànchez tras el veto del Supremo

Jordi Sànchez no será elegido presidente de la Generalitat el lunes. Si ya lo tenía casi imposible por el 'no' de la CUP a votar a favor de su candidatura, el Tribunal Supremo le ha dado este viernes la puntilla. El juez Pablo Llarena le ha denegado su permiso para salir de la cárcel de Soto del Real y participar en el pleno, y, en vista de las circunstancias, Roger Torrent ha decidido aplazar la sesión sine die.

La legislatura catalana no termina de arrancar: es la segunda vez que el presidente del Parlament retrasa un pleno ya convocado. Sucedió el 30 de enero, cuando suspendió la sesión de investidura de Carles Puigdemont alegando que no existían las "garantías" necesarias. El caso de Sànchez era de entrada muy similar, porque el Tribunal Constitucional ha dictado unas medidas cautelares que obligan a que el candidato a 'president' esté presente en el Parlament.

Entre la vía de desobedecer a la justicia -como le ha pedido la CUP- y la de ganar tiempo, Torrent ha optado por la segunda, esta vez de acuerdo con Junts per Catalunya y con ERC, según fuentes de esos partidos. Se ha justificado en que hay que esperar a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resuelva la petición de la defensa de Sànchez sobre su derecho a someterse al debate de investidura.

Los abogados de Sànchez presentarán el lunes a las ocho de la mañana en Estrasburgo a un escrito en el que solicitará que se le permita asistir al Parlament. La petición de medidas cautelares en esta instancia está reservada para casos muy específicos en los que se puede producir un "daño irreparable". El presidente del Parlament entiende que "en este caso se podría vulnerar el derecho a la participación política de Sànchez, en tanto que es un diputado electo y debe poder ser escogido 'president'".

Finalmente Llarena ha desoído la carta que Torrent le envió esta semana pidiéndole que Sànchez pudiera estar el lunes en el Parlament. Tras recibir el escrito fiscal, al que acabaron adhiriéndose los servicios jurídicos del Estado, el juez del Supremo ha dictado un auto en el que deniega la libertad al exlíder de la ANC y también el permiso para asistir al pleno de investidura.

Reiteración delictiva

El magistrado argumenta en su resolución que la lista de JxCat cuenta con más diputados que pueden ser investidos 'president', sin que presenten el riesgo de reiteración delictiva que aprecia en Sànchez. Además, con cualquiera de ellos, que contaron con el mismo apoyo de los electores, se respetaría el derecho de estos de representación política.

Según el juez, los delitos que se atribuyen a Sànchez se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas "claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente", con el intento de investir al huido Puigdemont o a él mismo estando preso.

A su juicio, los indicios de delito contra Sànchez se han ido afianzando, así como su participación en un concierto de voluntades para alcanzar la república de Catalunya. Explica que, aun cuando los encausados nunca hubieran buscado un desafío violento, a partir del 20 de septiembre "hubieron de representarse que sus movilizaciones introducían la probabilidad de este desenlace".

"Dado que los hechos cuya reiteración se teme afectan a valores constitucionales que tienen una proyección directa en los derechos subjetivos de toda la población, su protección en la eventualidad de conflicto con otros derechos resulta preponderante respecto la libertad del encausado y del derecho de sufragio pasivo que le corresponde", explica el auto.

El bloqueo político en Catalunya da de nuevo alas a los sectores independentistas que se inclinan por repetir las elecciones. El propio Puigdemont ha dicho desde Bélgica, en una entrevista en 'El Punt Avui', que pasar de nuevo por las urnas no sería "ninguna tragedia", aunque ha dicho que no es su prioridad. "Que quede claro que si vamos a elecciones será porque el Estado español no ha aceptado el resultado electoral del 21-D", ha añadido. De momento, ni él ni Toni Comín tienen intención de renunciar a sus escaños para ayudar a desatascar la situación.