Granados aporta pruebas de la financiación irregular del PP

El exsecretario general del PP de Madrid y principal imputado del 'caso Púnica', Francisco Granados, ha procedido este jueves a entregar en la Audiencia Nacional por primera vez supuestas pruebas de la financiación irregular del Partido Popular en Madrid. En la tercera 'entrega' de su declaración ante el juez Manuel García Castellón, Granados ha entregado facturas, con las que supuestamente se pagaron gastos electorales del partido, que dice haber encontrado en la Consejería de Presidencia cuando sustituyó en ella a Alfredo Prada.

Según Granados, en el PP madrileño no se realizaba un gasto por pequeño que fuera sin que lo supiera la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, a la que responsabiliza junto a su sucesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de la financiación ilegal del partido.

El imputado llegó a decir que ambos autorizaban "gastos sin control" durante las campañas que luego cargaban a la Comunidad de Madrid. Pero ha tenido especial cuidado en separar estas prácticas del PP madrileño del partido a nivel nacional, lo que ha justificado en la mala relación mantenida desde hace años entre Aguirre y Mariano Rajoy. 

Informe sobre menores

Las facturas aportadas, que Granados ha dicho que guardaba en casa, pese a que no fueron encontradas por la Guardia Civil en los registros en el inmueble realizados a lo largo de la instrucción, están libradas a Ginso -asociación dedicada a la integración social de menores y que recibe subvenciones de la Consejería de Justica- por la empresa del expresidente de Telemadrid Álvaro Renedo y el periodista ya fallecido Germán Yanke. 

Según fuentes jurídicas, el exalcalde de Valdemoro ha insistido ante el juez en la amistad existente entre Aguirre y Renedo y ha añadido que en la factura constaba un trabajo sobre la situación de los menores en la Unión Europea para cuya realización la empresa carecía de medios. De ahí que entienda que fueron utilizadas para ocultar la financiación irregular del partido, ya que fue la Comunidad de Madrid la que habría abonado esos gastos electorales.

Como en anteriores declaraciones, Granados ha tratado de desvincularse de cualquier responsabilidad sobre estas prácticas corruptas que ahora denuncia. De ahí a que pese a haber sido secretario general regional del partido, asegurara que la relaciones con los alcaldes y concejales del partido en la Comunidad dependiera de la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y el diputado del PP Jaime González Taboada. 

Al término de la declaración, su abogado, Javier Vasallo, anunció que interpondrá nuevas querellas contra la UCO de la Guardia Civil por el contenido de los últimos informes aportados en la causa, en los que se le relaciona con el cobro de comisiones en otra de las ramas de la trama corrupta. 

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